La falta de PGE comienza a ser un lastre inasumible para España que preocupa ya en Europa. No solo por la ausencia de gobernabilidad, sino por los incumplimientos económicos que se avecinan y que podrían acarrear sanciones. Un ejemplo son los fondos europeos Next Generation, a los que el Ejecutivo acaba de renunciar en un 70%, lo que supone 60.000 millones de euros.
España apenas ha podido ejecutar el 43% frente al 72% de Italia, el otro país más beneficiado por Europa. "Es un gran fracaso", denuncia en declaraciones a Libertad Digital la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, encargada de seguir el rastro relacionado con estas partidas. "El Gobierno ofrece excusas de mal estudiante cuando dice que renuncia porque ahora los intereses en el mercado son iguales", añade, recordando que se han perdido tres años en los que empresas y pymes podían financiarse en condiciones inmejorables.
"Se trata de deuda para invertir, no para gasto corriente", recuerdan en el PP, defendiendo que el único motivo de esta renuncia es "la incapacidad del Gobierno para aprobar reformas por su falta de mayoría parlamentaria". "Es una oportunidad histórica perdida", señala el vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal, en un encuentro informal con periodistas en la sede del partido de la calle Génova. "Solo han servido para que Pedro Sánchez haya podido sobrevivir tres años sin Presupuestos", añade.
"Opacidad absoluta"
Un problema agravado por "la opacidad absoluta en la que se han gastado el dinero". "No sabemos dónde está el dinero" asegura el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, para quien estamos ante "un nuevo plan E", al que se añade el perjuicio de que, esta vez, el dinero iba destinado a empresas y pymes. Como ejemplo, recuerda que parte de las inversiones ha ido para instalar plantas en las calles o los llamados "puntos selfies" para sacar fotos en la vía pública.
El PP denuncia que el Ejecutivo no ofrece información sobre el destino del dinero, apenas ha elaborado un listado con un centenar de empresas que se han visto beneficiadas (el 85% de ellas, públicas), y asumió en exclusiva la gestión de los fondos, renunciando a la cogobernanza con las CCAA, -a pesar de tener las competencias transferidas-, a negociar con el PP la elaboración del plan o a consultar expertos. Todo, para mantener el control absoluto y eludir la transparencia.
El caos de gestión
Un ejemplo del caos fue lo ocurrido con las escuelas infantiles en Andalucía. En una comunidad donde ha caído el número de nacimientos, con 25.000 plazas sin cubrir por falta de demanda, el Gobierno remitió partidas presupuestarias para construir más guarderías, a pesar de que habrían engordado el número de vacantes. Esto obligó al presidente Juanma Moreno a devolver ese dinero más intereses, a pesar de no haberlo utilizado. De haber participado en la elaboración del plan, habría podido disponer de esas partidas para cometidos realmente útiles en esta región.
Todo esto lleva al PP a sospechar sobre el reparto de los fondos, hasta el punto de que, no solo haya que asumir la devolución que establece Europa por defecto, sino montantes desconocidos que puedan surgir como consecuencia de infracciones jurídicas, inversiones mal realizadas y falta de ejecución comprometida. Una mochila que deberá asumir el próximo gobierno y que lastrará su capacidad de inversión.