El Ministerio de Trabajo está negociando con los sindicatos y las patronales el incremento del salario mínimo. En este contexto, UGT y CCOO proponen una subida del 7,5%, lo que supondría un aumento de casi 90 euros mensuales con respecto al actual nivel, que es de 1.184 euros brutos mensuales. De hecho, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo plantea la posibilidad de subir el SMI un 3,1% si estuviera exento de tributación y un 4,7% si finalmente comienza a tributar por el IRPF. Por su parte, las patronales proponen una subida del 1,5% el próximo año.
Incremento de costes
Un incremento del salario mínimo de estas características implicaría importantes sobrecostes para las empresas. Tal y como confirman desde CEOE en declaraciones a Libre Mercado, la patronal calcula que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros para las empresas, sumando los sueldos y las cotizaciones. De este modo, un incremento del 1,5% del salario mínimo podría suponer un coste bruto de 862 millones de euros anuales para las empresas españolas.
Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que los costes laborales, según el INE, se situaron en los 3.256,54 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2025, habiendo aumentado un 3% en términos anuales. Por su parte, El coste salarial subió un 2,7% hasta 2.416,50 euros. Del mismo modo, los otros costes se incrementaron un 4%, siendo el aumento de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social del 3,8%.
Del mismo modo, tomando como referencia el cálculo efectuado por CEOE en relación con los costes que supone para las empresas cada punto de subida salarial, cabe considerar que, en caso de aplicar una subida del 7,5% del SMI, como proponen los sindicatos, el coste total que tendrían que hacer las empresas ascendería hasta los 4.312,5 millones de euros.
Por otra parte, una subida del SMI del 3,1%, que es la que propone el comité de expertos del Ministerio de Trabajo si el salario mínimo estuviera exento de tributación, supondría un coste total de 1.782,5 millones de euros. En cambio, si se aplicara un incremento del SMI del 4,7%, como proponen desde este mismo comité en caso de que el SMI tuviera que tributar por el IRPF, las empresas harían frente a un coste total de 2.702,5 millones de euros.
Sánchez dispara el SMI
En teoría, el salario mínimo tiene por objetivo proteger a los trabajadores garantizando una retribución mínima con la que las empresas deben compensar el esfuerzo y la producción de sus trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica, esta iniciativa perjudica especialmente a los trabajadores más vulnerables, porque impide que se incorporen al mercado laboral las personas que menos aportan a la producción de las compañías –que suelen ser los más jóvenes y las personas de menor cualificación–.
No obstante, como podemos comprobar a continuación, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno, Pedro Sánchez ha incrementado el salario mínimo un 61% desde 2018, hasta los 1.184 euros en 14 pagas. De este modo, se ha incrementado en 700 euros anuales desde que Sánchez llegó al Gobierno.
Pero esta política laboral ha supuesto el estancamiento de los salarios de los españoles. De hecho, como publicamos en Libre Mercado, el salario modal –es decir, el más frecuente– en España cada vez se acerca más al SMI. Esto implica que la mayoría de los salarios en nuestro país cada vez se sitúan más cerca del salario mínimo. Por otra parte, en Libre Mercado también hemos informado de que, además del estancamiento de los salarios, debemos tener en cuenta también que, desde el año 2019 han desaparecido hasta 174.000 puestos de trabajo como consecuencia del incremento del SMI.
Propuesta de la patronal
Así las cosas, CEOE y CEPYME han propuesto una subida del SMI de hasta el 1,5% para el año 2026. De este modo, el salario mínimo se situaría en 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas, alcanzando los 16.824 euros brutos anuales. En este sentido, las patronales inciden también en que, tal y como ha decidido el Ministerio de Hacienda, este salario mínimo no estará exento de tributar por el IRPF el próximo año. Con todo, en Libre Mercado hemos detallado cómo las patronales justifican su rechazo a la propuesta al considerar que "los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación".
Concretamente, las patronales toman como referencia la EPA "porque la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, lo que genera una distorsión al alza". De este modo, en un comunicado denuncian que "precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, sobredimensionado".
En consecuencia, CEOE y Cepyme consideran que la EPA constituye una estadística "más válida y ajustada" para fijar el SMI en tanto que tiene en cuenta los salarios en estos sectores. De hecho, subrayan también que los datos que ofrece la EPA son más actualizados.
Efecto limitado del SMI
Con todo, en su informe anual, la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Profesional admite que el efecto del SMI es "limitado" para incrementar el resto de salarios. En concreto, en el documento se explica que "el marco actual permite que muchos empleados tengan su salario determinado por el convenio del sector formal de la empresa que los contrata, generalmente con condiciones menos favorables, aunque su actividad se desarrolle en otra empresa o sector distinto". En este sentido, se detalla que "esta configuración fragmenta las referencias salariales y dificulta la coordinación entre los niveles retributivos más bajos y más altos, limitando así la capacidad de las subidas del SMI de transmitirse al conjunto de la distribución".
Por otra parte, se explica que "la existencia de segmentos de trabajadores más precarios (por ejemplo, temporales, subcontratados o inmigrantes en situación irregular) limita la capacidad de transmisión de los aumentos salariales". Adicionalmente, el documento incide en que "el uso extensivo de figuras contractuales como las prácticas o las becas introduce un canal de competencia a la baja que también puede frenar la difusión de los incrementos del SMI hacia el resto del mercado laboral".