La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a 63.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación es, para el economista Santiago Sánchez López, la constatación definitiva de una incapacidad de gestión sin precedentes. Tras seis modificaciones previas, esta séptima adenda se interpreta como una "herramienta arbitraria" para distribuir fondos ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, confirmando que el plan diseñado en Moncloa va camino de estrellarse.
Una ejecución raquítica: el 12% en diez meses
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a 31 de octubre de 2025 son demoledores: los pagos realizados apenas alcanzan el 12,4% de lo presupuestado. De los más de 34.500 millones disponibles para este ejercicio, solo se han abonado 4.300 millones, convirtiendo a 2025 en el peor año de todo el Plan, tanto en volumen absoluto como en porcentaje.
El análisis por carteras ministeriales revela una parálisis casi total en las áreas que deberían impulsar el cambio de modelo productivo. Mientras el gasto se concentra en el aparato administrativo, ministerios clave como Educación no llegan ni al 1% de pagos realizados, Transición Ecológica apenas supera el 2,7% y Vivienda se queda en el entorno del 10%. Esta ineficiencia administrativa ha forzado a Bruselas a reformular hitos y objetivos de forma constante —52 solo en la adenda de 2023— alegando falta de demanda y errores de diseño que hacen imposible verificar los resultados.
La excusa de los préstamos y la "fatal arrogancia"
El Ejecutivo ha justificado la renuncia a los créditos europeos alegando que los tipos de interés ya no son ventajosos, una afirmación que el autor califica de "media verdad". El verdadero motivo de este rechazo, según el informe, es el miedo a que la incapacidad para cumplir los hitos pactados con Bruselas quede en evidencia bajo el control de la Comisión.
Santiago Sánchez López apela a la "fatal arrogancia" para describir un plan diseñado desde los despachos de Moncloa que ha ignorado las necesidades reales de las empresas españolas. El resultado es visible: la inversión privada en términos reales sigue un 5,1% por debajo de los niveles de 2019 y la productividad por ocupado es inferior a la de 2018.
Heredar la deuda: la factura llega en 2028
Lo más dramático de este "experimento de ingeniería social" es su legado financiero. Aunque Sánchez haya utilizado los fondos europeos como una "hucha" para sobrevivir sin aprobar nuevas cuentas públicas, el dinero debe devolverse. Entre 2028 y 2058, España tendrá que aportar al presupuesto europeo una cuantía equivalente a las subvenciones recibidas.
La conclusión es amarga: los españoles pagarán una fiesta a la que apenas fueron invitados. La factura llegará puntualmente mediante impuestos, pero España llegará a 2028 con infraestructuras peores de las proyectadas y servicios públicos deteriorados por el fracaso de una gestión que confió más en la planificación centralizada que en los incentivos económicos reales.
Devoluciones y 30.000 millones por repartir
Lo que comenzó como el "mayor esfuerzo inversor y reformista" de la historia de España se ha transformado, a menos de nueve meses de la fecha límite, en una carrera desesperada por lograr una "derrota digna". Los últimos datos del sistema Elisa confirman que el Plan de Recuperación está gripado: quedan aún 30.000 millones de euros por repartir y el sector empresarial ha comenzado a devolver fondos de forma masiva ante la imposibilidad de ejecutar las inversiones exigidas.
El análisis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a finales de 2025 ya advertía del colapso: en los primeros diez meses del año solo se pagó el 12,4% de lo presupuestado. De los 34.500 millones disponibles para este ejercicio, el Gobierno apenas logró movilizar 4.300 millones, firmando el peor año de todo el Plan.
A esta parálisis administrativa se suma ahora un fenómeno alarmante: la devolución de dinero por parte de los adjudicatarios. El sistema obliga a las empresas a triplicar la inversión pública recibida, una exigencia de capital que muchas sociedades no pueden asumir ante la falta de liquidez y los retrasos en los pagos del Estado. En los pasillos del Ministerio de Economía ya se habla de "miles de millones" que regresarán a las arcas públicas durante 2026, dinero que se da por perdido debido a que la premura de los plazos impide lanzar nuevas convocatorias.