Este 2025 se acaba y pasará a la historia como el año en que el propio Gobierno reconoció, por la vía de los hechos, que el Plan de Recuperación no iba a cumplirse. Y no lo digo por una frase desafortunada o por un lapsus en rueda de prensa, lo digo porque el Ejecutivo ha tenido que reabrir el plan por séptima vez, retocar 160 hitos, y admitir ante Bruselas y ante los españoles que decenas de compromisos ya no son alcanzables. En economía, cuando un plan de inversiones se reescribe tantas veces, no estamos ante una "actualización técnica", estamos ante la constatación de un fracaso de gestión que degrada un proyecto de país y deja a Sánchez retratado.
Convertir la enésima reprogramación del plan en un ejercicio de simplificación, con 160 medidas rectificadas o canceladas, para poder lograr los desembolsos pendientes es una broma de mal gusto. Pero el fondo del asunto es otro. Cuando el Estado rebaja reformas, cambia indicadores y transforma inversiones en trámites, lo que hace es comprar tiempo con cargo a la credibilidad. Y esa credibilidad, ya erosionada por la propaganda y por la sucesión de ajustes, era el único activo que hacía viable un instrumento como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: dinero europeo a cambio de resultados verificables.
La oportunidad histórica… y el derrumbe
El punto de partida era extraordinario. España tenía asignados 163.000 millones de euros (en torno al 13% del PIB) entre transferencias y préstamos, aprobados en 2021 y ampliados con la Adenda de 2023. Se prometió lo de siempre, pero con más potencia propagandística: elevar la inversión pública y privada, arrastrar inversión empresarial en una proporción casi milagrosa (4 a 1), y elevar el crecimiento potencial por encima del 2%.
Cinco años después, estos fondos europeos se traducen en productividad por ocupado aún por debajo de 2018 (-0,9%), inversión privada real por debajo de 2019 (-5,4%), la FBCF estancada desde 2019 en el 20,3% del PIB y la inversión pública más baja de Europa en 2025. El objetivo era una transformación productiva, pero el resultado ha sido un gran programa de convocatorias que no cambian la estructura económica, no elevan la productividad y, por tanto, no permiten incrementar los salarios reales al alza de forma sostenible en el tiempo.
Y entonces llega 2025 y ocurre lo inevitable: el plan deja de ser un plan, ya rectificado, y pasa a ser un documento de salvamento para Sánchez. Es decir, un instrumento concebido para transformar la economía española se reconvierte en una operación de rescate político, con Bruselas como notario y el contribuyente como pagador final.
2025: el año en que Bruselas oyó el "no llegamos"
La séptima modificación no es un ajuste cualquiera, de hecho, es la confesión de que los objetivos eran ensoñaciones ideológicas, los diseños inmaduros y la capacidad de gestión del gobierno insuficiente. Es el reconocimiento de que el plan estaba mal diseñado, peor gobernado y, sobre todo, mal ejecutado.
Sánchez elimina reformas con rango de ley por su debilidad parlamentaria y justifica los cambios en las inversiones por "falta de demanda" o dificultades técnicas", entre otras razones, para justificar que España renuncia a completar 64 medidas por considerarlas inalcanzables.
Esto no es un matiz. Es el acta notarial del fracaso de Sánchez. Ni supieron activar proyectos, ni han logrado efecto tracción y no han sabido hacerlo a tiempo.
El gran fiasco de 2025 es el reconocimiento más revelador: la renuncia a buena parte de los préstamos. De 83.160 M€ en préstamos, se renuncia a 60.455 millones, quedándose en 22.705 M€ y renunciando a cerca del 75% de los créditos asignados a nuestro país.
El Gobierno quiere venderlo como decisión financiera ("ya nos financiamos barato en mercados"). Pero esa explicación se cae por su propio peso cuando recordamos tres hechos con precisión:
- Los préstamos se pudieron activar antes (desde 2021, como Italia), cuando el coste relativo era más ventajoso.
- Las líneas ICO asociadas a esos créditos no se activaron hasta noviembre de 2024, con un retraso de un año, reduciendo el período útil del plan.
- El Gobierno no ha recurrido a emitir deuda pública española adicional para suplir esa financiación europea, la emisión neta será la misma que en 2025 (55.000 M€).
Por tanto, se renuncia porque falta capacidad para financiar inversión productiva ejecutable. El conocimiento necesario para ejecutar bien no está en un despacho, está disperso en miles de proyectos y decisiones privadas que necesitan reglas claras, incentivos y un marco que funcione.
El diseño institucional centralizado en la Moncloa y el uso de los fondos europeos sin control ni paraguas de unos Presupuestos Generales del Estado, con múltiples transferencias entre secciones, han servido para algo políticamente útil para Sánchez, pero pernicioso en esencia: gobernar con presupuestos prorrogados, con menor control parlamentario, usando los fondos como instrumento de supervivencia.
Para Sánchez, los fondos Next Generation han sido un sistema discrecional de reparto ideológico y propaganda. Cuando el incentivo es sobrevivir legislativamente, el plan de recuperación solo se puede orientar a la construcción de relato y no al retorno económico.
El dato mata el relato
España ha recibido 71.400 M€ lo que equivale a solo el 43,9% del total previsto. Y lo verdaderamente incómodo: la ejecución "real" en la economía se sitúa hasta 2024 en el 19,5% del total, unos 31.800 millones. Este 2025 ha sido el peor ejercicio desde el inicio del Plan de Recuperación, un año de auténtica parálisis que explica la actuación desesperada del gobierno ante el abismo que supone el cierre del programa en ocho meses.
Con los últimos datos recién publicados por la IGAE hasta final de noviembre, los pagos realizados este año ascienden a 4.739 M€, un 13,72% de los créditos definitivos para 2025. Es el peor ejercicio, tanto en términos relativos, como absolutos. Un auténtico fiasco.
Ministerios como Educación, con Pilar Alegría en desbandada, Economía, Vivienda y, especialmente Transformación Digital (Óscar López), Transición Ecológica y la ministra del "apagón" o Ciencia e Innovación con una Diana Morant ausente desde hace dos años, presentan tasas de pagos realizados absolutamente pírricas. La lista no es anecdótica, son precisamente carteras llamadas a solventar el primer problema nacional, empujar el cambio tecnológico, energético y de capital humano.
La responsabilidad del Gobierno en el abandono de las inversiones que debían transformar nuestro país es realmente grave y doloso, porque no hablamos solo de perder dinero, sino que hablamos de perder competitividad cuando Europa acelera su agenda industrial y tecnológica, y cuando el mundo compite por cadenas de valor, defensa, energía y talento.
Sin embargo, la factura de estos fondos se pagará igual, aunque no hayan servido para mejorar nuestra productividad o incrementar nuestro crecimiento potencial. España tendrá que devolver en aportaciones al presupuesto comunitario, entre 2028 y 2058, su parte proporcional de la deuda común europea que ha financiado el programa.
España aportará aproximadamente 2.000 M€ al año, si no se aprueban nuevos impuestos europeos. Pagaremos, a pesar de que los fondos no hayan mejorado el capital físico, humano y tecnológico que deberíamos tener cuando empiece la devolución.
Es la fatal arrogancia, versión española
Hayek llamó "fatal arrogancia" a la pretensión planificadora estatista, a pesar de que los sistemas económicos complejos solo funcionan cuando se nutren de información dispersa y orden espontáneo. En el fondo, el ocaso del plan español se debe exactamente a eso: diseño intervencionista, más burocracia y más discrecionalidad política. Y el resultado es el que siempre describe la tradición liberal. Cuando sustituyes las señales del mercado por comités y altos comisionados lo que creas son cazadores de subvenciones, ni inversiones, ni proyectos verdaderamente transformadores. Será necesaria una auditoría profunda para evaluar dónde han terminado llegando muchos de estos fondos.
Cuando finalice el programa en agosto, no nos preguntaremos cuántas notas de prensa se publicaron ni cuántos anuncios se hicieron, nos preguntaremos qué país han dejado los Next Generation. Lamentablemente, la respuesta será que no supimos convertir fondos en inversión productiva y que pagaremos como si hubiéramos transformado España.