La reiterada prórroga de la moratoria antidesahucios constituye uno de los ejemplos más claros de cómo una política aparentemente bienintencionada puede generar efectos profundamente nocivos cuando se ignoran los principios básicos del funcionamiento económico y del Estado de Derecho. Lejos de resolver el problema del acceso a la vivienda, esta medida lo agrava, deteriorando la seguridad jurídica, erosionando el derecho de propiedad y distorsionando de forma severa el mercado del alquiler.
Conviene comenzar por lo esencial: la seguridad jurídica es un pilar irrenunciable de cualquier economía avanzada. Sin reglas claras, previsibles y estables, no hay inversión, no hay oferta suficiente y no hay funcionamiento eficiente de los mercados. La prórroga sistemática de la moratoria antidesahucios introduce precisamente lo contrario: incertidumbre permanente sobre la capacidad real de un propietario para disponer de su bien y hacer valer los contratos firmados legítimamente.
El derecho de propiedad no es un privilegio ideológico ni una concesión graciosa del Estado; es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Cuando el Gobierno impide de forma generalizada y prolongada el ejercicio de ese derecho, aunque sea bajo el pretexto de una emergencia social, se cruza una línea peligrosa. La excepcionalidad se convierte en norma y la suspensión temporal de derechos pasa a integrarse en el diseño estructural de la política pública.
Desde el punto de vista económico, la señal que se envía al mercado es devastadora. Si un propietario percibe que alquilar su vivienda implica asumir un riesgo elevado de impago sin mecanismos efectivos de protección jurídica, la reacción es perfectamente racional: retirar la vivienda del mercado del alquiler o exigir condiciones mucho más restrictivas. No es una cuestión moral, sino de incentivos. Ningún mercado funciona correctamente cuando se penaliza sistemáticamente a una de las partes que lo sostiene.
La oferta de vivienda en alquiler se reduce
El resultado es conocido y previsible. La oferta de vivienda en alquiler se reduce, especialmente en los segmentos más asequibles del mercado. Menos oferta, con una demanda relativamente rígida, conduce inevitablemente a un aumento de los precios. Así, una medida que supuestamente pretende proteger a los inquilinos más vulnerables acaba perjudicando al conjunto de los arrendatarios, especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y trabajadores que buscan acceder a una vivienda en condiciones razonables.
Además, la moratoria genera un profundo problema de selección adversa. Los propietarios, ante el riesgo jurídico, optan por perfiles de inquilinos con mayor capacidad económica, contratos más cortos o mayores garantías previas. Quienes quedan fuera de ese filtro son precisamente los colectivos que el discurso político dice querer proteger. El efecto final es una mayor exclusión y un mercado más pequeño, más caro y más rígido.
No menos grave es el impacto institucional de esta política. La reiteración de la moratoria transmite la idea de que los contratos pueden ser alterados unilateralmente por el poder político cuando resultan incómodos. Se desdibuja así la frontera entre el Estado de Derecho y la arbitrariedad. Si hoy se suspende el derecho del propietario a recuperar su vivienda, mañana puede cuestionarse cualquier otro derecho bajo argumentos similares. La confianza en las instituciones se erosiona cuando las reglas dejan de ser estables.
El problema de la vivienda
Conviene subrayar, además, que el problema del acceso a la vivienda no tiene su origen en el mercado del alquiler ni en la propiedad privada, sino en décadas de políticas públicas fallidas: escasez de suelo urbanizable, excesiva regulación, trabas burocráticas, e inseguridad normativa. Pretender corregir estos errores cargando el coste sobre los propietarios privados no es una solución; es un desplazamiento irresponsable del problema.
Si el objetivo es proteger a personas en situación de vulnerabilidad, existen instrumentos mucho más eficaces y respetuosos con el marco jurídico, como las ayudas directas, pero lo que no resulta aceptable es socializar las pérdidas a costa de un grupo concreto de ciudadanos, vulnerando derechos básicos y distorsionando el mercado.
La prórroga de la moratoria antidesahucios no es una política social sostenible, sino un parche que agrava los desequilibrios estructurales del mercado de la vivienda. Reduce la oferta, eleva los precios, expulsa a pequeños propietarios, ahuyenta la inversión necesaria para impulsar la construcción de vivienda y debilita la seguridad jurídica. En última instancia, no protege a los más vulnerables, sino que los condena a un mercado más caro y más inaccesible.
Un mercado de la vivienda sano requiere reglas claras, respeto a la propiedad privada y políticas públicas orientadas a aumentar la oferta, no a destruirla. Ignorar estos principios no es justicia social; es, una vez más, confundir intenciones con resultados y sacrificar el largo plazo en aras de un rédito político inmediato.