España afronta un nuevo revés judicial en el interminable conflicto abierto por los recortes retroactivos a las energías renovables. La justicia de Bélgica ha ordenado el embargo de 482,4 millones de euros vinculados a pagos de Eurocontrol al proveedor estatal español de navegación aérea, Enaire, como mecanismo para garantizar el cobro de indemnizaciones pendientes por parte de los inversores afectados.
La medida responde a las acciones emprendidas por OperaFund, fondo que en 2019 obtuvo un laudo favorable del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El caso se basa en el Tratado de la Carta de la Energía, que España incumplió al recortar de forma retroactiva las primas renovables.
Pese a tener un laudo firme, el Gobierno español no ha abonado los 29,3 millones de euros reconocidos, cifra a la que se suman 7,5 millones en intereses. Ante esta negativa, los acreedores han acudido a distintas jurisdicciones para asegurar el pago por vías alternativas.
Bloqueados los pagos de Eurocontrol a Enaire
El embargo autorizado por la magistratura belga afecta a los fondos que Eurocontrol transfiere regularmente al operador estatal español Enaire. Dado que la entidad tiene sede y cuentas bajo jurisdicción belga, el tribunal consideró que esta vía era válida para garantizar la ejecución.
Como resultado, 482,4 millones de euros quedan inmovilizados, pendientes de un eventual recurso y susceptibles de destinarse al resarcimiento de los acreedores. No es el primer golpe de este tipo. En julio de 2025, la japonesa Eurus Energy —filial del grupo Toyota— obtuvo también un embargo en Bélgica por más de 207 millones, tras acreditar una deuda de 106,2 millones, más 9,4 millones adicionales en intereses.
Una deuda que no deja de crecer
El conflicto internacional por los impagos de las renovables continúa escalando. A diciembre de 2025, los 27 inversores afectados acumulan 1.754,7 millones pendientes de pago, más 297,6 millones en intereses de demora y otros 238,7 millones en costes y honorarios legales. En total, la factura asciende ya a 2.292 millones, aumentando más de 100.000 euros al día por los intereses.
Las victorias judiciales se están produciendo en cadena en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica, lo que confirma la solidez jurídica de las reclamaciones. La negativa del Ejecutivo español a cumplir con los laudos está generando un sobrecoste multimillonario para el erario público. Además, el deterioro de la seguridad jurídica se refleja en la inversión extranjera: entre enero y septiembre de 2025, España registró un descenso del 28 %, el peor dato desde 2021.
Condenas en Estados Unidos y Australia
Durante la segunda mitad de 2025, tribunales de Estados Unidos registraron y reconocieron los laudos de Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed, por un importe conjunto de 691,2 millones de euros. Con ello, los acreedores pueden activar mecanismos de embargo de activos del Estado español en territorio estadounidense. Como medida de último recurso, el Ejecutivo ha acudido al Tribunal Supremo, en busca de amparo.
En paralelo, Australia también falló de forma contundente a favor de los demandantes. El Tribunal Federal ordenó en 2025 ejecutar cuatro laudos (RREEF, 9REN, Watkins y NextEra) por un total de 469 millones. La sentencia rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y, además, impuso costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea.
Los inversores insisten en su disposición a alcanzar un acuerdo con el Gobierno español para cerrar más de una década de litigiosidad, pero aclaran asimismo que, mientras no se abonen las indemnizaciones debidas, seguirán persiguiendo nuevos embargos que traerán consigo nuevos costes para España.