La detención de Maduro por parte de los EEUU con la que hemos arrancado el año no ha caído bien en Moncloa, que ahora se afana por vincular al principal paladín europeo del chavismo, Rodríguez Zapatero, con la liberación de los presos políticos venezolanos, a esos a los que Zapatero en realidad pedía que estuvieran calladitos y que no molestaran. Además, las recientes elecciones en Extremadura y el batacazo histórico del PSOE tampoco opera a favor de los intereses de Pedro Sánchez. El final de las vacaciones de Navidad ha llegado con novedades en los distintos escándalos de corrupción, a los que se suman ahora las sospechas cada vez más fundadas de relación entre el PSOE y Zapatero con el régimen chavista.
Por si fuera poco, Oriol Junqueras, el inhabilitado y exconvicto golpista, ha visitado la Moncloa para exigir más dinero a cambio para que le dejaran continuar en la Moncloa y hemos visto a una estrambótica, más que nunca, María Jesús Montero, tratando de cuadrar el círculo de la financiación autonómica justificando por qué hay que darles más dinero a los separatistas que a los madrileños. Y para rematar, las encuestas que se han conocido esta misma semana de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
En este contexto, parece que el presidente Sánchez necesitaba con urgencia un golpe de efecto. Y como suele ser habitual últimamente, lo ha encontrado con la vivienda. Sí, ese sector que lleva disparado demasiado tiempo y cuya evolución de los precios responde a una lógica de mercado inexorable por más que parezca ajena a las capacidades intelectuales del Gobierno: la ley de la oferta y la demanda.
¿Qué ha hecho Sánchez? Se ha ido a ver la demolición de un viejo edificio de viviendas en Campamento, en Madrid. Se trata de la operación Campamento, algo que empezó en 1986, sí, han oído bien, hace cuarenta años. Y que en 1989 vio la luz el primer convenio oficial para construir ahí miles de viviendas. El arranque oficial de aquel proyecto fue en 2005, hace 20 años. Una fecha en la que suele ubicarse el inicio real del proyecto con su nombre actual. El Gobierno de Zapatero y el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón firmaron un convenio para levantar 22.000 viviendas. Un año después, en 2006, comenzaron las primeras demoliciones de los antiguos cuarteles, pero en 2008 con la crisis se paralizó todo.
Tras muchos años de abandono, el proyecto se reactivó en 2022 cuando el Gobierno de Sánchez anunció el desbloqueo de la operación y en mayo de 2024 el Ayuntamiento aprobó definitivamente el plan de urbanización. Hace unos meses se adjudicaron las obras de demolición de los inmuebles, pero la autorización para demoler fue en junio. Sánchez, acompañado de 3 ministros, el delegado del Gobierno y la cúpula de Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda encargada de gestionar las 10.700 viviendas públicas que, según anunció Sánchez, se van a construir en la operación Campamento.
Ya se encargó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de echarle agua al vino. En definitiva, una cortina de humo que se une a las más de 270.000 viviendas que ha llegado a prometer, si sumamos todos los anuncios que ha hecho desde que convirtió este asunto en eje central de su discurso, es decir, desde 2023. ¿Pero cuál es la realidad? Desde que se preocupa de la vivienda, desde 2023, el precio medio de la vivienda en España, según fuentes del sector, ha crecido un 25%. Registrando en 2025 el mayor incremento anual en 20 años según el INE. Desde que gobierna, es decir, desde 2018, el precio medio de la vivienda en España ha subido un 50%.
Y ¿por qué ha pasado que cuanto más se preocupa, más sube el precio de la vivienda? Por varios factores que afectan especialmente al caso español, sin menoscabo de que estén incidiendo sobre otros países. La demanda de vivienda es cada vez mayor. Cada año, entre inmigrantes (unas 150.000 familias al año) y nuevas familias nacionales que buscan vivienda (unas 50.000), tenemos entre 200.000 y 220.000 nuevos demandantes de vivienda.
Una demanda creciente que se suma al déficit de 600.000 viviendas que, según el Banco de España, se ha generado entre los años 2022 y 2025, por la diferencia entre la vivienda nueva que se demandaba y la que se construye. Es decir, que si cada año hacían falta 220.000 nuevas viviendas, en 2020 se construyeron 85.000, en 2021 89.000, en 2022 80.000, y en 2023 89.000. En 2024 y 2025 superamos las 100.000 construidas gracias a los fondos europeos. Es decir, que el problema crece.
¿Qué hace el mercado? Se va al mercado de segunda mano. Y este también ha subido. Por supuesto, esto ha derivado la demanda de una manera abrumadora al alquiler, y este, gracias a la ley antidesahucios que favorece la ocupación, se ha colapsado igualmente. ¿Solucionará el problema la intervención del Gobierno sobre el mercado? Da la sensación de que cada vez que toca el mercado de la vivienda, este responde con más subidas y estrecheces.