Fedea tumba la propuesta de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este miércoles a las CCAA en un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En un contundente informe, el think tank que preside Ángel de la Fuente calcula sus implicaciones región por región simulando sus efectos con datos de 2023, el último año liquidado del sistema.
La semana pasada, María Jesús Montero dio a conocer las líneas generales de un plan que pretende regar a las CCAA con 20.975 millones de euros extra en 2027 beneficiando de forma destacada a Cataluña. Entre los detalles de la nueva financiación del Gobierno llama la atención el castigo a Madrid que se aplica y la puesta del Impuesto de Sucesiones en la diana del Ejecutivo.
Por un lado, para Fedea, esta fuerte inyección de recursos adicionales incentivará la irresponsabilidad fiscal. "Se presenta como una aportación graciosa del Gobierno central en aras al reforzamiento del estado del bienestar, tenderá sin duda a agravar la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal que ya constituye uno de los problemas fundamentales del SFA. Los portavoces del Gobierno repiten machaconamente que la cesión de más recursos a las autonomías "es buena para todos," ignorando que la medida tiene un coste de oportunidad importante que puede hacerla desaconsejable".
En este sentido, pronostican más subidas de impuestos mientras que el Estado tendrá que afrontar los crecientes gastos en defensa y pensiones. "Para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos. De entrada, la cesión agravará los problemas financieros de la Administración Central, que ya mantiene un déficit considerable frente al cuasi-equilibrio en promedio de las autonomías, y dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son cada vez más fuertes debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social" señalan.
Máximo beneficio a Cataluña
Con el fin de ilustrar las implicaciones de la propuesta del Gobierno, Fedea ha calculado algunas de las consecuencias de la reforma destacando en negrita algunas de las cifras más llamativas. El primer bloque de columnas muestra los índices de financiación efectiva relativa antes y después de la reforma y la variación total en el valor de este indicador generada por la reforma, que varía entre -10,7 en Cantabria y +4,8 en la Comunidad Valenciana.
La ganancia de financiación absoluta asociada con el cambio de sistema, en euros por habitante ajustado, se recoge en la cuarta columna y varía entre 0 euros para las cuatro comunidades para las que se activa la restricción de statu quo (Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León) y 507 euros para Cataluña, la más beneficiada. Finalmente, el último bloque muestra la aportación neta total de cada comunidad al sistema, esto es, la diferencia entre sus ingresos tributarios homogéneos (a igual esfuerzo fiscal) y su financiación efectiva final en cada sistema. De nuevo, Cataluña vuelve a ser la más beneficiada debido a que deja de aportar 1.456 millones al sistema a pesar de ser la segunda comunidad autónoma más rica del país. Por tanto, el resultado sería que Cataluña acabaría aportando al sistema 10 veces menos (810 millones) que Madrid (8.013 millones).
En su informe, Fedea también tumba las dos nuevas ideas de Hacienda con esta reforma: el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes. "Reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar, y otra parte queda en el aire hasta que se concrete la evolución futura de las compensaciones de statu quo que se introducen para evitar que algunas comunidades pierdan recursos con el cambio de sistema" apuntan.
"Brindis al sol, regalo, pan con unas tortas"...
El Fondo Climático "repartirá mil millones de financiación incondicionada entre las CCAA, supuestamente para luchar contra el cambio climático, primando fuertemente a las del litoral mediterráneo por estar presuntamente "más expuestas" a este fenómeno". El nuevo Fondo, sin embargo, "es un brindis al sol más que una herramienta útil para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, que exigiría recursos mucho mayores y una estructura de planes de actuación e inversión bien diseñados coordinada por el Gobierno central con financiación separada del SFA" dicen.
"Menos sentido aún tiene la imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias. Es cierto que estas empresas tienen un peso atípicamente elevado en la economía catalana y que ésta mantiene un saldo exportador neto importante con el resto de España, lo que hace que el peso de Cataluña en la recaudación total del IVA pymes sea superior a su peso en el consumo, algo que no suele suceder en otros territorios, o al menos no en el mismo grado" consideran.
"Pero ¿y qué?" se preguntan. "No está nada claro que esto genere algún tipo de beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias, o que el mecanismo propuesto genere incentivos para la formulación de una política sensata de apoyo a las empresas. Ciertamente, si lo que se consigue es que los gobiernos regionales fomenten que sus pymes sigan siéndolo, en lugar de dejarlas en paz o ayudarlas a convertirse en grandes empresas, y que se peleen por atraer los domicilios fiscales de las pymes de sus vecinos, habremos hecho un pan con unas tortas" añaden.
Por otra parte, como ya avanzó Montero, se anuncian también "nuevas limitaciones (por concretar) a la utilización a la baja de la capacidad normativa de las CCAA en materia tributaria con la excusa de luchar contra un inexistente dumping fiscal que muestran el poco respeto del actual Gobierno por la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" apuntan.
Pero quizás "lo más preocupante de la propuesta es la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria "en red" que podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria. Aún si este peligro puede conjurarse, la propuesta comportaría inevitablemente mayores costes y serias pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual AEAT entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior, que afrontarían serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí" consideran.