El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramita ya un decreto que introducirá fecha de caducidad ("Sunset clause") a la legislación autonómica, con ánimo de mantener actualizada la normativa regional y evitar la acumulación de disposiciones obsoletas, desfasadas o incompatibles con la agenda económica liberal del equipo que encabeza Isabel Díaz Ayuso.
El compromiso de Ayuso viene de lejos, puesto que formaba parte del programa electoral con el que la dirigente popular concurrió a las elecciones autonómicas de 2023. Ahora que se ha superado el ecuador de la legislatura, Madrid presenta este nuevo desarrollo para comprobar los resultados cosechados con la introducción de cada norma.
Este proceso incluirá una consulta pública en la que se podrán involucrar ciudadanos y empresas, quedando zanjado después por un informe de la consejería del ramo. El resto de detalles serán determinados en la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa, un órgano que echó a andar después de la pandemia de covid-19 y que ha coordinado este tipo de mejoras en el funcionamiento interno del gobierno regional.
Otras medidas de desregulación
La Comunidad de Madrid apostó por la desregulación con la creación de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal pionero que permite a empresas, profesionales y ciudadanos señalar en tiempo real normas inútiles, contradictorias o desproporcionadas que lastran la actividad económica.
Gracias a este mecanismo de escucha permanente y revisión sistemática del marco normativo, el Gobierno regional ha impulsado ya más de 500 modificaciones y derogaciones reglamentarias, aligerando la carga burocrática y mejorando la seguridad jurídica para invertir, trabajar y emprender en Madrid.
En paralelo, Madrid ha acometido reformas estructurales clave, como la modificación de la Ley del Suelo, que flexibilizó el uso del territorio, aceleró los plazos urbanísticos y redujo las trabas al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. A ello se suma la aprobación de la Ley Ómnibus, un paquete integral de simplificación y actualización normativa que revisó decenas de leyes y reglamentos autonómicos, eliminó duplicidades y abrió espacios a la competencia, la innovación y la libertad de elección de empresas y consumidores.
Por otro lado, la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid ha consolidado un principio revolucionario en el panorama regulatorio español: si una empresa puede operar legalmente en cualquier otra región de España, puede hacerlo también en Madrid sin trámites adicionales, sin licencias duplicadas y sin burocracia redundante.
Esta norma introduce un reconocimiento mutuo automático que reduce costes, elimina barreras de entrada y amplía el abanico de proveedores disponibles para los ciudadanos. El resultado es un entorno más competitivo, dinámico y atractivo para la inversión, que refuerza a Madrid como uno de los ecosistemas económicos más abiertos y fluidos de Europa.
Este tipo de políticas tiene hoy continuidad en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, han impulsado una agenda ambiciosa de apertura y liberalización que incluye la revisión y eliminación masiva de regulaciones obsoletas o inhibitorias de la inversión privada, la simplificación de trámites y licencias para facilitar la creación y expansión de empresas y empleos formales, y la aprobación de marcos legales orientados a proteger la competencia y la libertad económica frente a nuevas tentaciones intervencionistas, siguiendo una lógica muy similar a la que ha posicionado a Madrid como referencia desreguladora en el ámbito hispano.