Los socios del Gobierno de coalición no se ponen de acuerdo en materia de vivienda. A pesar de que las medidas propuestas por Pedro Sánchez pretenden seguir interviniendo el mercado del alquiler, SUMAR se opone a una de ellas: la bonificación del 100% del IRPF del alquiler al propietario que decida mantener el precio del mismo a su inquilino. El objetivo es que los precios no suban aún más, y aunque esta idea la comparte SUMAR, lo que no le gusta es el beneficio fiscal que obtendrían los propietarios de las viviendas.
El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha sido claro este viernes enviando un mensaje a la parte socialista del Gobierno: "no lo vamos a aceptar nunca porque es injusto, porque no va a funcionar y porque la solución existe y se llama prórroga de los contratos", ha dicho en rueda de prensa. Y es que su propio departamento ha presentado esta semana un informe en el que concluye que los propietarios son más ricos que los inquilinos. Una de sus conclusiones es que la renta mediana de los arrendadores es un 82% superior a la de los arrendatarios, lo que se traduce en 23.638 euros más anuales siendo la de los primeros de 52.449 euros frente a los 28.810 de los segundos. Datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística que le sirven a Bustinduy para reclamar una mayor protección de los inquilinos.
Igual que hizo Franco en el 64
Del mismo modo que hizo Sánchez el lunes, que pidió regular el alquiler de pisos por habitaciones, igual que ya hizo Franco en el 64, ahora el partido de Yolanda Díaz tira del manual de legislación del dictador para evocar otro principio de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64 que establecía que los precios del alquiler eran fijos. Aunque existía una manera de actualizarlos conforme al IPC, ésto no era automático y requería de la aprobación específica del Consejo de Ministros, cosa que muy rara vez sucedió, ya que la subida de los alquileres era una medida muy impopular.
Esta ley y precisamente en este extremo que reclama ahora el partido de Yolanda Díaz y Bustinduy, está en el origen de las famosas "rentas antiguas", inquilinos que en los años 70 u 80 seguían pagando cantidades ridículas por el alquiler.
Por si Yolanda Díaz o Bustinduy quieren saber cuál fue el resultado de la aplicación de aquella ley, es sencillo: el mercado del alquiler se secó por completo, derivando todo el mercado a la compraventa.
Presiones para Sánchez
En su discurso ante la prensa, el ministro ha presionado aún más a Pedro Sánchez al que desde SUMAR, además, le reprochan que el lunes se enterara su formación de sus propuestas para el Real Decreto Ley solamente cinco minutos antes. "Creo que la única vía hacia delante es la rectificación y la negociación sobre la prorroga de los contratos", decía. Y es que según datos del Ministerio de Consumo, entre 2026 y 2027, dos millones setecientos mil contratos de alquiler caducarán, lo que expone a sus inquilinos a que les suban las rentas ya de por sí altas, explicando que desde 2022, de media sus precios han aumentado un 30%.
Medida constitucional a ojos del ministro
Desde hace días el sector socialista ha expuesto que la prórroga forzosa de los contratos de los alquileres es inconstitucional, agarrándose a un informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, el ministro Bustinduy, ha querido dedicar una parte de su intervención a responder a esta afirmación asegurando que "la realidad en este sentido es inapelable" porque "el Gobierno de coalición ha aplicado hasta en ocho ocasiones la prórroga de los contratos desde el año 2021". Pero los socialistas se han refugiado en el argumento de que se realizaron en el marco de la pandemia y con un estado de alarma, pero Bustinduy lo niega. "De esas ocho ocasiones en las que se ha aplicado esta medida, cinco se han dado fuera del estado de alarma" recordando que en la fundamentación jurídica en los decretos leyes con los que se aprobaban "se hacía referencia a la elevación del aumento del precio de la vivienda y por tanto, del esfuerzo financiero que las familias tienen que hacer para poder abordar los alquileres", ha argumentado.
Aunque en el asunto de las bonificaciones a los propietarios son los ministerios de Vivienda y de Hacienda los competentes, el de Consumo ha salido en defensa de su papel en esta historia diciendo que "muchos se están lucrando de manera desmedida a costa del derecho constitucional a la vivienda de nuestros compatriotas".