A pesar de la crisis de vivienda que sufre España, derivada del exceso de intervencionismo en el sector inmobiliario y de las regulaciones existentes, que han creado una gran escasez de oferta y, con ello, se han disparado los precios, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue desarrollando nuevas normativas que, en último término, afectarán al precio de los inmuebles. Concretamente, como hemos detallado en Libre Mercado, a finales del año pasado se anunció el inicio de los trámites de audiencia e información pública relacionados con el proyecto para la modificación del Código Técnico de la Edificación.
Según explicaban desde el Gobierno, "el Código Técnico de la Edificación debe someterse a modificaciones periódicas para adaptarse a los avances tecnológicos del sector, a las demandas de la sociedad y a la evolución legislativa de aquella normativa con la que tiene relación". En este sentido, el Ejecutivo subrayaba además que esta modificación se deriva de la obligación de trasponer la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, con la que se pretende poner en marcha una política de eficiencia energética de los edificios.
Sin embargo, lo cierto es que las exigencias que el Gobierno de Sánchez pretende introducir con la modificación del Código Técnico de la Edificación supondrán un sobrecoste que encarecerá, aún más, las viviendas. Concretamente, las políticas medioambientales desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda podrían encarecer cada vivienda en hasta 18.000 euros.
Exigencias ambientales
Uno de los ámbitos en los que se centra la nueva normativa es la generación de energía. Al respecto, la modificación del CTE introduce unas exigencias de generación mínima de energía solar aplicables a los edificios nuevos con una superficie útil superior a 250 metros cuadrados, tanto de uso no residencial como vivienda, como aquellos de propiedad de organismos públicos. Del mismo modo, en el apartado dedicado a la "higiene, salud y protección del medio ambiente", la normativa destaca que el objetivo "consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, (...), padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento".
En relación con el consumo energético, se exige que las instalaciones de iluminación cuenten con sistemas de automatización y control de la iluminación. Estos sistemas tendrán que ser capaces de realizar un seguimiento, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua, además de efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio y detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas. Por su parte, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil superior a 290 kW, tendrán que estar equipados con controles automáticos de iluminación situados en una zona adecuada y capaces de detectar la ocupación del espacio.
Del mismo modo, "las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica" . Así las cosas, para considerarse eficiente el sistema urbano de calefacción o refrigeración debe utilizar, al menos un 50% de energías renovables, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado, o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor.
Por otra parte, una de las claves de la nueva normativa es la denominada movilidad sostenible. Al respecto, se establece que "los edificios con plazas de aparcamiento para coches dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos, y tendrán una dotación mínima de plazas de aparcamiento para bicicletas". En este sentido, el documento detalla que "como medida para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en el uso de los edificios, estos dispondrán de una infraestructura para la movilidad sostenible, consistente en una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que debe permitir la recarga inteligente, y aparcamiento para bicicletas".
Concretamente, para edificios de uso residencial vivienda la dotación a implementar será de "dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada unidad de uso (viviendas) del edificio, excepto cuando exista una regulación municipal que establezca una exigencia menor, en cuyo caso se tomará esta última". Al respecto, se explica que las plazas de aparcamiento para bicicletas tendrán una dimensión mínima de 2 metros por 40 centímetros. Del mismo modo, se exige que, a partir de 20 plazas, el 5% de las plazas tendrán una dimensión de 2,5 metros por 90 centímetros "para bicicletas de dimensiones mayores que las estándar".
Medidas contra incendios
Con todo, la nueva normativa también incluye numerosas disposiciones relacionadas con la prevención y la extinción de incendios. Al respecto, se detalla que "si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 metros cuadrados", mientras que "cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendios". Así, en relación con los aparcamientos, se establece que éstos deben "constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos". Por otra parte, se incluyen importantes exigencias para disponer las barreras cortafuegos.
Por otra parte, en cuanto a la dotación de instalaciones de protección contra incendios, en general se exige que haya extintores portátiles "a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación". Por otra parte, también tendrá que haber un ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 metros. Asimismo, se exige que en el interior de todas las viviendas haya una alarma de humo autónoma.