El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, presentado por la Comisión como un hito "histórico" tras más de 25 años de negociaciones, acaba de encontrarse con su primer gran obstáculo jurídico. Apenas cuatro días después de la firma en Asunción (Paraguay) del acuerdo que promete crear una de las mayores zonas económicas del mundo, el Parlamento Europeo ha decidido remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los Tratados, lo que en la práctica paraliza todo el proceso de ratificación.
La iniciativa, promovida por la izquierda europea, ha salido adelante este miércoles por un margen mínimo: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda propuesta similar, pero impulsada por el grupo Patriotas por Europa —donde se integra Vox— fue rechazada por amplia mayoría, con 402 votos en contra frente a 225 a favor.
La decisión implica que el Parlamento no podrá pronunciarse sobre la aprobación del tratado hasta que el TJUE emita su dictamen sobre el acuerdo de asociación (EMPA) y el acuerdo comercial provisional (iTA). El procedimiento, según los propios datos del tribunal, suele tardar entre 18 y 24 meses, aunque puede acelerarse si la corte lo considera prioritario.
No obstante, el bloqueo parlamentario no impide automáticamente que la Comisión Europea opte por la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, una posibilidad que depende exclusivamente del Ejecutivo comunitario y del respaldo del Consejo. Este punto es clave desde el punto de vista económico, ya que permitiría poner en marcha reducciones arancelarias y apertura de mercados antes de la ratificación definitiva.
El origen del conflicto: la división del tratado
En el centro de la controversia está la estrategia de la Comisión de dividir el pacto en dos instrumentos jurídicos:
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un Acuerdo de Asociación (EMPA), que incluye cooperación política y requiere ratificación de todos los parlamentos nacionales;
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y un Acuerdo Interino de Comercio (iTA), que se presenta como competencia exclusiva de la UE y podría aprobarse solo con mayoría cualificada en el Consejo y el visto bueno del Parlamento Europeo.
Varios eurodiputados consideran que esta fragmentación vulnera el mandato original de negociación aprobado por el Consejo en 1999 y reafirmado en 2018, que contemplaba un acuerdo mixto en su conjunto. De prosperar esta interpretación, la Comisión estaría eludiendo el derecho de veto de los Estados miembros y de sus parlamentos nacionales en una parte sustancial del tratado.
El mecanismo de reequilibrio: el punto más sensible
Pero la principal preocupación jurídica se centra en el llamado mecanismo de reequilibrio, una cláusula diseñada en principio para proteger a los agricultores europeos. Implica que, si una de las partes aprueba una ley o medida que reduce mucho los beneficios comerciales que la otra esperaba del acuerdo, la parte perjudicada puede pedir compensaciones o imponer contramedidas, aunque esa ley sea legal y no viole el tratado.
Varios eurodiputados temen que este mecanismo pueda limitar la autonomía regulatoria de la UE, disuadir de aprobar normas ambientales, sanitarias o de protección del consumidor o permitir represalias comerciales frente a legislación climática o de seguridad alimentaria.