El Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión ha supuesto un alivio y una celebración para las organizaciones agrarias, que consideran este paso un "primer freno" a un pacto que, en su opinión, amenaza la viabilidad del sector. Sin embargo, la Comisión Europea podría aplicar provisionalmente la parte comercial del acuerdo sin esperar a la sentencia del TJUE ni la ratificación del Parlamento, que tras la votación de este miércoles queda, de hecho, fuera del proceso hasta que el tribunal se pronuncie, lo que podría tardar entre 18 y 24 meses.
Los agricultores aplauden, pero mantienen la presión
Las organizaciones agrarias consideran que la decisión de la Eurocámara ha sido una victoria para la causa y un acicate para mantener las manifestaciones. COAG espera que las movilizaciones consigan impedir la ratificación del acuerdo, mientras que Asaja espera que sea el dictamen del TJUE el que frene "un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos". Por su parte, Unión de Uniones calificó los resultados como "una pequeña victoria" y señalaron que "el pulso mantenido ha tenido sus frutos". O no.
A favor de la aplicación provisional
La Comisión Europea ha lamentado la decisión del Parlamento y afirma que las cuestiones planteadas por la Eurocámara "no están justificadas", porque ya se abordaron en profundidad en negociaciones anteriores, ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.
De hecho, según fuentes consultadas por Libre Mercado, la Comisión Europea está ahora mismo muy presionada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y se inclina por aplicar de forma provisional el acuerdo con Mercosur sin esperar a que se pronuncie el TJUE y con el Parlamento Europeo "secuestrado" por propia decisión, porque no puede ratificar el acuerdo hasta la sentencia del tribunal, lo que podría tardar entre 18 y 24 meses.
Es más, en declaraciones recogidas por EFE, la vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, recalcó que el voto del Parlamento, "muy ajustado", es un planteamiento legítimo que hay que respetar, pero también ha abogado por aplicar provisionalmente el pacto: "Políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo un acuerdo que ha tardado tanto en alcanzarse y firmarse", dijo.
La letra pequeña del acuerdo
El voto de la Eurocámara se aprobó por una diferencia mínima, 334 votos a favor y 324 en contra, con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos.
Todos ellos cuestionan la legalidad del acuerdo. Concretamente, el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a la UE o a los países del Mercosur reclamar compensaciones si consideran que ciertas leyes nacionales afectan al comercio, limitando así la soberanía regulatoria de la UE. Y en segundo lugar, cuestionan la base legal del acuerdo, que permite precisamente que la parte comercial pueda ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
¿Qué va a hacer la Comisión?
Dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión ha señalado que prefiere esperar al resultado de las discusiones que mantendrán este jueves los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre extraordinaria de la UE antes de activar el tratado, para garantizar consenso político.
El portavoz de Comercio, Olof Gill, ha insistido en que la CE mantendrá el diálogo con los eurodiputados y el Consejo antes de decidir los próximos pasos y subrayó la importancia económica y geopolítica del acuerdo para la UE, tanto para garantizar el acceso a nuevos mercados como para demostrar que el bloque sigue siendo un socio comercial fiable y predecible.