Gestos cotidianos. Llegas a casa, enciendes la luz del pasillo, pones una lavadora, te haces la cena en la vitro, ves la tele y cargas el móvil. Ninguno de esos gestos huele a vicio. No hay resacas, no hay humo, no hay cirrosis, ni cáncer de pulmón, no hay peligro sanitario que obligue al Estado a desincentivar nada. Y, sin embargo, en España la electricidad se grava con un impuesto especial, esa categoría fiscal que se reserva para productos que generan costes sociales como el alcohol o el tabaco. La luz, ya ven, se trata como si fuera champán o un puro.
Conviene recordar por qué existen los impuestos especiales. Su coartada clásica es defendible, existen para compensar costes sociales claros (sanidad, siniestralidad, contaminación) y frenar el consumo de bienes considerados nocivos. Pero la electricidad no encaja en esa definición. No es un capricho, no es una droga legal, no es un artículo de lujo, es la base fundamental de una vida digna. Penalizarla fiscalmente es como poner un peaje a la alfabetización. ¿Recauda? Sí, pero el mensaje es absurdo.
Además, el Impuesto Especial sobre la Electricidad tiene un origen que hoy suena a fósil administrativo. Nació con un propósito finalista, ligado a un contexto concreto: financiar la deficitaria industria del carbón en España. Hace años ya que no se financia, pero todos sabemos que cuando un impuesto se establece, ya no lo quita nadie. Se le cambia el nombre y a correr. Cambian los gobiernos, cambian los relatos, pero el impuesto permanece.
Tenemos, además, la cuestión moral que suele ser más evidente que la técnica. Este impuesto es regresivo y golpea más duramente a los que menos tienen. La electricidad es un bien básico y relativamente inelástico. Quien va justo a fin de mes no puede consumir menos cuando sube la factura. Y si no te queda más remedio, lo que estás recortando es calefacción, es bienestar y es salud. Es decir, el impuesto termina golpeando con más fuerza a quien menos margen tiene, justo lo contrario de lo que debería hacer un sistema fiscal que se tenga por civilizado.
Y, para rematar la jugada, está el tema de la doble imposición. Porque sobre el importe del impuesto especial se aplica después el IVA. Pagas un impuesto y, acto seguido, pagas otro impuesto por haber pagado el primero. Legal, sin duda (el BOE lo escriben ellos). ¿Inmoral?, por supuesto. El papel del Estado, siempre juez y parte, se aprecia aquí con toda su crudeza.
Lo realmente irónico es el antagonismo con el discurso oficial. Se nos dice que hay que electrificarlo todo (cambiar gas por bombas de calor, los motores de combustión por coches eléctricos, las cocinas de gas por inducción). Todo eso está muy bien, pero a la vez se trata la electricidad como si fuera una peligrosa sustancia digna de castigo fiscal. La broma nos cuesta unos 1.200 M€ al año más IVA. Demasiado goloso para dejarlo escapar, es todo el presupuesto de Televisión Española.
Quizá el debate real no sea técnico, sino de honestidad. El problema es utilizar el recibo de la luz como un instrumento recaudatorio indiscriminado que no atiende a ningún criterio de renta. Vender el relato de la política social mientras se empieza encareciendo el suministro que hace posible una vida digna no parece coherente. Si de verdad queremos que la electrificación vertebre toda la transición económica, igual tenemos que dejar de cobrar la luz como si fuera un paquete de Lucky Strike.