José Manuel no puede más. Este propietario lleva desde el año 2020 sufriendo a unos inquiokupas que se niegan tanto a abandonar el domicilio como a pagar el alquiler de la casa en la que viven, y que es propiedad de la madre de José Manuel.
Su calvario comenzó en el año 2019, cuando este zaragozano y su hermana decidieron alquilar el piso de su madre "para sufragar los gastos de la residencia donde la tuvimos que llevar al estar diagnosticada de Alzheimer" cuenta el afectado a Libre Mercado.
Alquilaron a unos refugiados sirios
Los hermanos alquilaron la vivienda por 650 euros al mes a "unos refugiados sirios, con tres menores de edad a su cargo, a través de la Fundación APIP-ACAM". En teoría, esta fundación asumiría cualquier problema de impagos o desperfectos en la vivienda. A la hora de la verdad, no fue así.
"Tras el primer año, ellos nos dejaron de pagar el alquiler y la fundación se desentendió" cuenta José Manuel. Justo ese año, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba el decreto antidesahucios que impedía desalojar las viviendas de propietarios con inquilinos morosos considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos.
Caos con el decreto antidesahucios
Actualmente, el plan del Ejecutivo de Sánchez es prorrogar ese decreto (y la agonía del propietario) hasta finales de 2026. Hace unas semanas, la norma fue rechazada en el Congreso de los Diputados y los socialistas la han modificado con algunos ajustes dirigidos al pequeño propietario para volver a llevarla al Congreso. La incertidumbre entre propietarios y abogados es total. "Mi abogado me dice que los juzgados están esperando a ver qué pasa con el nuevo decreto. No van a mover ficha hasta que no se aclare" comenta José Manuel en este sentido.
Ya en el año 2022, Libre Mercado se hizo eco del caso de José Manuel. "Les encontré trabajo en un municipio cercano donde hay mucha población árabe que se dedica a la recogida de la fruta. Allí también les ofrecían casa, pero el hombre me dijo que no, que ellos no se movían de Zaragoza, que ahí tenían todos los médicos y todo, y que les era mucho más cómodo" contaba el propietario.
Entonces, estos refugiados sirios llevaban 21 meses sin pagar ni un solo euro adeudando a José Manuel y a su hermana más de 13.000 euros a lo que había que sumar el gasto de abogados al que habían tenido que incurrir y los 108 euros mensuales de comunidad que tenían que seguir pagando. Ahora, la factura se ha multiplicado.
La "vulnerabilidad vitalicia"
Ante el desamparo que está sufriendo, este propietario solicitó al juzgado una "averiguación patrimonial" para conocer el estado económico de sus inquilinos. Cuál fue su sorpresa que la Seguridad Social le ha confirmado que cobran 1.616,28 euros del Ingreso Mínimo Vital, según un documento al que ha accedido este periódico.
En dicho documento, también le asocian otros 1.616 euros a la mujer del inquiokupa, pero como el IMV se paga respecto a la "unidad familiar", todo apunta a que se trataría de la misma cantidad. "Mi abogado no tiene claro si cobran entre los dos 3.300 euros, una barbaridad, o es la misma cantidad. Hemos pedido que nos lo aclaren" cuenta José Manuel, aunque lo más probable es que cobren entre los dos 1.616 euros.
Sea como fuere. A José Manuel le cuesta creer cómo dos personas adultas y en edad de trabajar lleven 6 años consecutivos siendo "vulnerables" de cara a la Administración. "Tenemos constancia de que reciben ayuda de alimentos y de que viven otras dos personas mayores de edad en el domicilio, pero ellos no están dispuestos a salir al mercado laboral a trabajar ni a tributar y a pagar impuestos. Viven gratis sin hacer nada" lamenta. El sistema favorecido por el Gobierno "está creando vulnerabilidades vitalicias" considera.