España ha sufrido una nueva derrota en los tribunales de Estados Unidos en el marco del largo conflicto internacional por los recortes a las energías renovables. La Corte Federal del Distrito de Columbia ha rechazado la última apelación del gobierno de Pedro Sánchez y ha ordenado al Reino de España el pago de 75 millones de euros (88,4 millones de dólares) para resarcir la deuda pendiente por el caso RREEF, compañía que en 2019 derrotó a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el órgano de arbitraje del Banco Mundial.
Según la resolución judicial, que fue emitida el pasado 3 de febrero, el laudo debe ejecutarse en Estados Unidos "del mismo modo que si se tratara de una sentencia firme dictada por cualquier tribunal federal". Además, la decisión del magistrado Carl J. Nichols establece que la cantidad reconocida seguirá acumulando intereses de demora mientras España continúe sin satisfacer el pago, encareciendo así el monto que deben cobrar los acreedores.
El origen del caso se remonta a 2013, cuando RREEF se convirtió en el primer inversor internacional que acudió al Ciadi tras la retirada de las primas a las renovables aprobada por el Gobierno español. En 2019, el tribunal arbitral le dio la razón y fijó una indemnización de 59,6 millones de euros, cifra que, con los intereses de demora acumulados, supera ya los 75 millones.
El pasado mes de noviembre, la Corte del Distrito de Columbia había emitido su primera decisión sobre el caso, en la que ya condenaba a nuestro país. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez optó por iniciar una apelación, invocando la soberanía del Reino como argumento para evitar el pago de la indemnización dictada originalmente por el Ciadi. Ahora, la decisión del tribunal ratifica el fallo original y confirma que España debe abonar los 75 millones pendientes.
Otros frentes judiciales
El 13 de enero trascendió que la justicia belga ha embargado 482 millones a España por los impagos de las renovables. En paralelo, el pasado año se conoció una decisión de la Corte Suprema de Australia que abre la puerta al embargo de bienes de nuestro país por valor de 469 millones.
Además, la justicia británica ha emitido distintas condenas contra el Reino de España, introduciendo incluso la incautación de bienes como la sede londinense del Instituto Cervantes.
En total, la deuda de España con sus acreedores ronda ya los 2.300 millones, al sumar 1.754,7 millones de indemnizaciones pendientes de pago a otros 532,8 millones derivados de los intereses de demora, los sobrecostes judiciales y otros conceptos.