El Tribunal Federal de Australia ha asestado un nuevo golpe al Reino de España en la batalla judicial de las renovables. La corte ha dictado una sentencia histórica que obliga a ejecutar cuatro laudos arbitrales por valor de 469 millones de euros, rechazando de plano los intentos del Gobierno de escudarse en la inmunidad soberana.
El juez Stewart fue tajante: España renunció a la inmunidad al firmar la Convención del CIADI y, por tanto, no puede evitar el pago. Además, reprochó la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, a la que calificó de "poco útil y gravosa".
Los importes fijados en el fallo se reparten así:
- 59,6 millones en el caso RREEF
- 41,76 millones en el caso 9REN
- 77 millones en el caso Watkins
- 290,6 millones en el caso NextEra
A estas cantidades se sumarán intereses y costas judiciales.
Costas también contra Bruselas
La sentencia no solo derriba todas las defensas de España, sino que también impone costas a la Comisión Europea, cuya intervención en apoyo a Madrid fue rechazada por "irrelevante y repetitiva".
España, el mayor moroso mundial en arbitrajes
Con este fallo, España acumula ya 26 derrotas firmes en tribunales internacionales por el recorte retroactivo a las primas renovables. Solo en el último mes ha perdido en Bélgica, EE. UU. y ahora Australia.
El total pendiente de pago supera los 1.400 millones de euros, cifra que se eleva a 1.870 millones de dólares al añadir intereses y gastos. España se consolida así como el país con más impagos de laudos arbitrales en todo el mundo.
Un portavoz de los inversores celebró la resolución:—La decisión del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando.
Negociaciones estancadas
El Ejecutivo español cerró recientemente un acuerdo para liquidar el laudo JGC, lo que abría la puerta a más soluciones negociadas. Sin embargo, la falta de avances en el resto de casos empuja a los inversores a mantener la vía de los embargos en el extranjero.