Estados Unidos ha autorizado a Repsol a reanudar sus operaciones y acometer nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela, en el marco del plan de la Administración de Donald Trump para relanzar el sector energético del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro estadounidense ha emitido dos nuevas licencias que afectan, además de a la petrolera española, a la estadounidense Chevron, las británicas BP y Shell, así como a la italiana Eni.
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha aprobado la denominada ‘Licencia General 49’, que autoriza negociaciones y contratos contingentes para determinadas inversiones en Venezuela, y la ‘Licencia General 50’, que permite transacciones vinculadas a operaciones del sector de petróleo y gas por parte de ciertas entidades.
Condiciones estrictas para operar
La Licencia General 50, en la que se incluye Repsol, impone condiciones jurídicas y financieras relevantes. Entre ellas, que los contratos suscritos con el Gobierno de Venezuela, con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o con entidades vinculadas a la petrolera estatal se rijan por la legislación de Estados Unidos —o de alguna de sus jurisdicciones— y que cualquier litigio se resuelva en territorio estadounidense.
Asimismo, los pagos monetarios a personas bloqueadas —salvo impuestos, permisos o tasas locales— deberán canalizarse a través de los Foreign Government Deposit Funds, según lo establecido en la orden ejecutiva 14373 del 9 de enero, o mediante las cuentas que determine el Tesoro.
La normativa prohíbe expresamente condiciones de pago no comercialmente razonables, canjes de deuda, pagos en oro o denominados en moneda digital o tokens emitidos por el Gobierno venezolano, incluido el petro.
También quedan vetadas las transacciones que involucren a personas o entidades radicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como cualquier operación vinculada a buques bloqueados.
Plan para reflotar el sector con capital privado
La autorización se enmarca en la estrategia de la Casa Blanca para recuperar la producción venezolana con capital privado. El pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, participó en una reunión convocada en la Casa Blanca con los principales ejecutivos del sector energético para analizar inversiones destinadas a reactivar el negocio petrolero del país.
En ese encuentro, Trump instó a las compañías a invertir hasta 100.000 millones de dólares —"de su propio dinero, no del Gobierno", subrayó— para impulsar la producción.
Imaz trasladó entonces que Repsol está preparada para "invertir más en Venezuela" y podría triplicar su producción en un plazo de dos o tres años si se dan las condiciones adecuadas. Actualmente, la compañía produce unos 45.000 barriles diarios brutos en el país, volumen que, según su consejero delegado, podría alcanzar en torno a 135.000 barriles diarios en ese horizonte temporal.
Esta semana, en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, Imaz defendió que la petrolera puede desempeñar un papel relevante en la recuperación económica y social de Venezuela y afirmó que "se ha abierto el futuro y la puerta a una Venezuela mejor", tras disiparse —a su juicio— la incertidumbre existente hace apenas un mes.
Un 15% de las reservas del grupo
Repsol mantiene presencia en Venezuela a través de participaciones en entidades licenciatarias de gas, como Cardón IV, y en empresas mixtas de crudo como Petroquiriquire. El país representa aproximadamente el 15% de las reservas probadas totales del grupo, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.
A 30 de junio, la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela ascendía a 330 millones de euros, frente a los 504 millones registrados al cierre de 2024. Esta cifra incluye principalmente la financiación otorgada a sus filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y cuentas por cobrar a PDVSA.
Con este movimiento, Washington da un paso decisivo para reactivar uno de los mayores potenciales petroleros del mundo, mientras Repsol y el resto de grandes energéticas calibran el alcance real de una reapertura sujeta a estrictos controles financieros y jurídicos.