Lo que parecía un alquiler normal en una de las zonas más exclusivas de Calviá (Mallorca) ha terminado convertido en un escándalo judicial. Según ha publicado Okdiario, la mujer que okupa la vivienda ha suplantado la identidad de la propietaria para poner el contrato de la luz a su nombre.
El hecho que ha hecho estallar el caso ocurrió el 13 de enero. Ese día, el contrato eléctrico de la propietaria fue dado de baja sin que ella lo autorizara. Según la información publicada por Okdiario, fue la presidenta de la comunidad quien dio la voz de alarma. La okupa comentó con total tranquilidad que ya figuraba como titular del suministro eléctrico. La propietaria llamó entonces a la compañía y confirmó que alguien había cancelado su contrato utilizando sus datos.
El origen: un empresario danés
La historia comenzó el 1 de agosto de 2024. La familia propietaria alquiló la vivienda —valorada en varios millones de euros y con piscina privada— a un empresario danés. El precio pactado fue de 3.000 euros al mes, con dos meses de fianza y seis meses pagados por adelantado.
Durante un tiempo, todo transcurrió con normalidad. Pero el escenario cambió cuando el empresario regresó a Dinamarca y dejó en la casa a su entonces pareja, una mujer de origen cubano, junto a sus dos hijos.
Según recoge Okdiario, la relación se rompió definitivamente en octubre de 2025. El empresario comunicó que se desentendía del asunto y que cualquier cuestión debía tratarse directamente con ella, aunque el contrato estaba solo a su nombre. Desde ese momento dejaron de pagarse las rentas y la mujer permaneció en la vivienda sin figurar en el contrato.
Las amenazas y la tensión en la urbanización
El conflicto fue a más. La propietaria presentó una denuncia ante la Guardia Civil por presuntas amenazas. En el escrito aparecen frases como: "Ten cuidado cuando vayas por la calle" o "Un día te vas a girar y te vas a llevar una sorpresa". Además, la okupa habría afirmado que tenía "todo el derecho del mundo" a vivir en la casa.
La urbanización, donde residen principalmente ciudadanos británicos, alemanes y familias mallorquinas de alto poder adquisitivo, vive desde entonces un clima de tensión. La presidenta de la comunidad envió una carta formal denunciando el deterioro de la convivencia.
La Guardia Civil investiga ahora cómo se produjo el cambio de titularidad del contrato eléctrico y si pudo haberse utilizado documentación falsa. El caso está en manos de los tribunales.
Mientras tanto, la mujer y sus hijos continúan residiendo en la vivienda, disfrutando de piscina, jardines y todos los servicios. Uno de los menores mantiene su plaza en un colegio privado cuyo coste mensual supera el salario de muchos trabajadores en la isla, según la información publicada por Okdiario.
La propietaria asegura sentirse "totalmente indefensa". "Yo firmé única y exclusivamente con ese hombre. Iba de empresario potentado y a las primeras de cambio desapareció. Me dejó con una okupa en casa y nadie me da una solución. El danés se enfadó con su novia cubana, se marchó y me dejó con el problema", concluye la propietaria.