El Gobierno ha tardado solo una semana en estrenar el real decreto-ley 4/2026 que aprobó hace siete días y que le permite intervenir los precios de todo tipo de productos y servicios en situaciones "de emergencia" relacionadas con fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves, incorporando un "límite máximo" con "carácter extraordinario".
Este mismo martes, el Ejecutivo ha anunciado la limitación de los precios de los hoteles en un total de catorce pueblos de Andalucía y Extremadura en el marco de las lluvias torrenciales de los últimos días, que han provocado desalojos que en el caso de Grazalema han afectado a todo el pueblo. Según ha concretado el Ejecutivo, la limitación entra en vigor este miércoles 18 y se extenderá hasta el 25, "como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo".
Desde el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, se alega que con esta medida se garantiza "el acceso equitativo a bienes y servicios". Añade que "los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respecto a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia".
Los hoteles y alojamientos afectados pertenecen a cinco provincias diferentes:
- Cádiz: Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera
- Granada: Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra
- Jaén: Cazorla y Santisteban del Puerto
- Málaga: Benaoján y Ronda
- Badajoz: Burguillos del Cerro y Medellín
Según Moncloa, la selección de estos pueblos se debe a que en ellos hay más de 10 personas desalojadas y los evacuados representan, al menos, el 0,1% de la población del municipio. En estos pueblos, "los establecimientos hoteleros y de hospedaje no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia. Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso".
La intención, aducen, es que "no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos".