El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la actualización del bono social eléctrico, un "mecanismo de apoyo a los consumidores vulnerables" que fue creado en 2009 y reformado en 2017 que consiste en un descuento en la factura eléctrica que deben asumir las comercializadoras.
Ahora, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que se divide en cuatro ejes con un total de 13 medidas. En este sentido, el Gobierno destaca que la Estrategia tiene fundamentalmente tres objetivos.
Primero, se pretende "disponer de un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y al resto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética". Además, según el Gobierno, "el segundo objetivo es garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética". Finalmente, se quiere "promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general".
Sin embargo, con esta actualización del bono social el Gobierno limitará la posibilidad de que muchas familias numerosas puedan acceder a esta ayuda. Esto es así en la medida en que, tal y como ha explicado la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, la renta es el factor que el Gobierno considera esencial a la hora de conceder esta ayuda. En concreto, se establece un límite de renta para que las familias numerosas puedan acceder a la ayuda.
Castigo a las familias numerosas
El bono social eléctrico es un descuento en la factura eléctrica del que se favorecen los beneficiarios de esta ayuda. Concretamente, tal y como explica el Ejecutivo, de entrada este descuento es de un 35% para consumidores vulnerables y del 50% para aquellas personas que son considerados consumidores vulnerables severos, existiendo asimismo otros supuestos concretos que implican una mayor cobertura. Así, el Gobierno explica que un consumidor en riesgo de exclusión puede estar excluido de hacer frente a la factura eléctrica.
Sin embargo, según un informe oficial sobre pobreza energética, en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue apenas del 24,5 %, lo que significa que casi ocho de cada diez hogares con derecho al bono no lo están recibiendo, pese a la creciente necesidad de protección frente a los costes energéticos. Por ello, el Gobierno incide en la necesidad de "evolucionar de un enfoque principalmente asistencial a uno estructural, centrado en trasvasar la filosofía de la transición energética –eficiencia, renovables– para mejorar y optimizar el confort energético de las personas más vulnerables".
De este modo, en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2026-2030 se plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas. De esta forma, como parte de las acciones previstas en la quinta medida, relativa a "cerrar la brecha de cobertura del bono social", el Gobierno establece la "evaluación de las condiciones y criterios de acceso al bono social con el fin de que llegue a los hogares que tienen necesidad de él, limitando el acceso a las rentas altas". Al respecto, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sostienen que "con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan".
En este sentido, al ser preguntada si el texto establece un criterio de renta para las familias numerosas a la hora de percibir el bono social, la ministra del ramo, Sara Aagesen, ha puntualizado esta mañana que el Ejecutivo ha incluido en la estrategia que "la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores". De este modo, el Gobierno podría penalizar directamente a las familias numerosas, que, como informamos en Libre Mercado, se encontraban entre los consumidores que podían beneficiarse directamente de esta ayuda, junto con los pensionistas y los desempleados.
Así las cosas, desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) piden al Gobierno que mantenga el acceso al bono social para las familias numerosas como medida de protección económica para estos hogares. De esta forma, recuerdan que "3 de cada 4 familias (75%) tienen dificultades para llegar a fin de mes, para cubrir todos los gastos que se generan en un hogar de 5 o más personas, con 3 o más menores dependientes". De hecho, inciden en que "el 60% de las familias numerosas no supera los 3.500 euros de ingresos, un tercio, es decir, 1 de cada 3 familias ingresa menos de 2.500 y un 18% vive con menos de 2.000 euros mensuales".
Con todo, desde la FEFN detallan que "en relación con los beneficiarios del bono social, las familias numerosas representan el 26,63% del total de hogares acogidos a esta tarifa y el 54% de todo el colectivo, es decir, solo la mitad de las familias numerosas (1 de cada 2) están acogidas a esta tarifa social". Además, añaden que "en número de familias, son 460.244 familias (enero de 2026) de las 851.156 familias numerosas con título en vigor (2024) que hay en España y 117.000 son familias numerosas vulnerables severas, es decir, que no superan un umbral de renta de 16.800 euros al año".
Otras medidas
Dentro de las medidas enfocadas en los consumidores, se incluyen cuatro acciones principales: garantizar el suministro a hogares vulnerables y electrodependientes, y aumentar la cobertura del bono social, que ha pasado de 1,07 millones de hogares en 2018 a 1,72 millones actualmente. También se eliminarán prácticas comerciales que dificulten el acceso, como la penalización por permanencia en contratos PVPC con bono social. Además, se exigirá constancia escrita si un usuario quiere abandonar voluntariamente el bono social, protegiendo frente a refacturaciones indebidas. Varias de estas disposiciones ya forman parte del Real Decreto 88/2026.
Además, el Gobierno también crea un Observatorio de la Pobreza Energética para centralizar datos y asesorar en la toma de decisiones. De este modo, se pretende promover y facilitar "intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas". Así, el Ejecutivo explica que "el Observatorio sobre pobreza energética y la Red-Actúa permitirán coordinar mejor las administraciones y asesorar a los consumidores".