Josune compró una casa en Málaga con la esperanza de que sus hijos tuvieran un hogar donde estudiar y trabajar. Inicialmente, alquiló la vivienda a un constructor para que alojara a sus empleados, pero este introdujo a una familia que, tras tres meses, desapareció sin dejar rastro.
La familia de okupas continuó pagando parcialmente, pero Josune necesitaba la casa para sus hijos y se la solicitó. Después de dos años, lograron desalojarlos, aunque la deuda de 6.000 euros permanece sin saldar. Antes de irse, la familia vendió la llave, y desde septiembre han entrado al menos cuatro personas más en el apartamento. Josune declaró en el Programa de Ana Rosa que: "No sabemos ni cuánta gente ha pasado por la casa".
La ley que no protege
La situación para Josune y muchas otras familias es desesperante. "Estamos desolados. No nos ampara ninguna ley y no podemos hacer nada", relata. Pese a haber presentado la demanda, no saben cuándo se celebrará el juicio, y la espera prolongada alienta la sensación de impotencia. "Pagaron la llave entre varias personas y no sé ni cuánta gente hay ahí. Los juzgados están colapsados y no sabemos nada de lo que va a pasar", explica.
Josune reclama a las autoridades una ley efectiva que defienda a los legítimos dueños frente a los okupas ilegales. "Necesitamos una ley y alguien que nos proteja a nosotros, que somos muchas familias afectadas por la okupación y hay casos verdaderamente dramáticos", señala.