Más de medio centenar de organizaciones han denunciado este martes en Madrid el "veto ideológico" que quiere imponer el Ministerio de Igualdad a la hora de conceder subvenciones. Y es que, explican, el Gobierno de Pedro Sánchez solo dará prestaciones públicas a las asociaciones que condenen la prostitución como "una forma de violencia machista".
Durante la rueda de prensa convocada por 54 colectivos como CATS, OTRAS, AFEMTRAS, Accionenred, la Asamblea Feminista de Madrid o la Red de Voces Feministas por los Derechos, entre otros, las organizaciones han afirmado que esta condición vulnera principios básicos de la administración pública, como la "neutralidad ideológica" y el "pluralismo".
Estos colectivos recuerdan también que en España la prostitución no está tipificada como delito y que no existe una definición legal estatal que la considere automáticamente violencia de género. Por eso, afirma Cumbre Sánchez, de CATS, que estamos ante "un veto ideológico" introducido por el Ministerio de Igualdad: "O denuncias la prostitución o te quedas sin fondos".
Legislar sin escuchar
Desde AFEMTRAS, su cofundadora Iris Meza ha defendido que los estándares internacionales recomiendan trabajar con un enfoque centrado en la protección de las víctimas y la colaboración con distintas entidades especializadas, "sin imponer adhesiones ideológicas". En la misma línea, la secretaria general de OTRAS, Mónica Martín, ha criticado que se diseñen políticas que afectan directamente a las trabajadoras sexuales sin contar con su participación: "No se puede legislar ni diseñar políticas públicas sobre nuestras vidas sin escucharnos".
Las entidades recuerdan que ya han presentado alegaciones formales contra estas modificaciones. CATS registró un escrito el pasado 9 de febrero respaldado por más de 30 colectivos, y otros grupos han hecho lo propio. Además, varios partidos, como Sumar, ERC y Junts, han pedido explicaciones al Ministerio en el Congreso.
Desde Alianzas Rebeldes, Mamen Briz ha defendido que, más allá de las diferencias internas en el movimiento feminista, muchas organizaciones comparten objetivos básicos como la lucha contra la trata y la protección de las víctimas. Por eso, ha explicado que han decidido sumarse a lo que consideran "esta nueva tropelía del Ministerio de Igualdad".
En el ámbito académico, Begoña Aramayona, de la Red de Voces Feministas por los Derechos, ha alertado del precedente que supone convertir un debate abierto en un filtro administrativo. "Un Ministerio de Igualdad que se tome en serio este debate no puede ahogarlo, debe asumir esta pluralidad", ha señalado, advirtiendo del riesgo de que se imponga una única visión para poder acceder a financiación pública.
Las organizaciones convocantes exigen que se retiren los "requisitos ideológicos" de las bases de las subvenciones y que se garantice un reparto basado en criterios técnicos y no discriminatorios. Si el Ministerio sigue adelante con los cambios, avisan de que estudiarán acudir a los tribunales para defender, dicen, "el pluralismo y la neutralidad" de los fondos públicos.