El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde a su nuevo anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, una ambiciosa reforma que pretende meter el bisturí en 18 normas vigentes —incluyendo seis leyes orgánicas—. Bajo el pretexto de regenerar la contratación pública, la norma dispara en tres direcciones: empresas, administraciones y partidos políticos.
Esta maniobra no es casual; es la respuesta política al "plan estatal" que Sánchez prometió tras el estallido del caso Koldo, aquel incómodo episodio que terminó con el antiguo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, rindiendo cuentas ante el Congreso.
La "lista negra": Escarnio público antes que tribunales
La medida estrella, según la vicepresidenta María Jesús Montero, es la creación de un registro público de empresas corruptas. El Gobierno quiere que todo el mundo sepa quiénes tienen prohibido contratar con el Estado. Los puntos clave de este veto son:
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Ampliación del castigo: Las empresas condenadas no podrán oler un contrato público, subvención o beneficio fiscal en un plazo de 15 a 20 años.
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Señalamiento público: Más allá de las consecuencias legales, el Gobierno apuesta por el "escarnio" como arma disuasoria.
Resulta llamativo que, si el diagnóstico del Gobierno es que las empresas son el motor que corrompe a la clase política, la receta principal sea el veto administrativo y la exposición pública en lugar de priorizar un procesamiento judicial más contundente por delitos de corrupción.
En cualquier caso, no es menos llamativo que el planteamiento del Gobierno sea el de poner el foco en empresas privadas que acuden a políticos que manejan millonarios presupuestos de dinero público para obligarles a delinquir y a quedarse con parte de ese dinero.
Embargos y el fin del anonimato financiero
El cerco no se queda en las listas negras. El anteproyecto introduce figuras jurídicas de dudosa comodidad para los afectados:
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Riqueza no justificada: Se contemplan embargos preventivos y la capacidad del Estado para incautar bienes bajo la figura del "decomiso sin condena". Básicamente, si el dinero no tiene una explicación clara, el Estado puede meter la mano antes de que haya una sentencia firme.
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Partidos bajo la lupa: Se acabó la discreción en las donaciones. El umbral para notificar aportaciones a los partidos baja drásticamente de 25.000 a solo 2.500 euros, y estas deberán reportarse mensualmente. Además, las cuentas de las formaciones políticas se someterán a auditorías externas bajo amenaza de sanciones severas.
Más tiempo para investigar
Finalmente, el Gobierno refuerza la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y amplía la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años. El objetivo declarado es recuperar el dinero malversado desde el minuto uno de la investigación, aunque queda por ver si el aparato judicial tendrá la agilidad necesaria para que estas herramientas no queden en papel mojado o en meras armas de propaganda política.