La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a situar en el centro del debate una de las propuestas más recurrentes del imaginario socialista: la llamada "democratización de las empresas". Según el planteamiento anunciado a finales de enero y presentado en el Consejo de Ministros esta semana, el Gobierno estudia rebajar impuestos, conceder incentivos fiscales o dar prioridad en la contratación pública a aquellas empresas que permitan una mayor participación de los trabajadores en sus órganos de dirección, incluidos los consejos de administración.
El enfoque merece, como mínimo, una valoración honesta. A priori, es preferible plantear este tipo de cambios a través de incentivos fiscales que mediante una obligación regulatoria directa. Mejor la zanahoria que el palo. Mejor una vía supuestamente voluntaria que una imposición por decreto. Ahora bien, este matiz de partida no resuelve el grave problema de fondo. Al fin y al cabo, el plan sigue siendo profundamente intervencionista y plantea distorsiones relevantes en el funcionamiento de la empresa, del sistema fiscal y de la competencia.
Tres distorsiones de partida
Conviene empezar por lo obvio. La fiscalidad no es un instrumento neutral cuando se utiliza para orientar decisiones internas de las empresas. Introducir rebajas de impuestos condicionadas a un determinado modelo de gobernanza significa alterar la cancha de juego. Empresas que adopten la estructura "correcta" desde el punto de vista político pagarán menos impuestos o tendrán ventajas frente a otras que, legítimamente, opten por modelos distintos. El resultado es una asimetría artificial que no responde a criterios de productividad, innovación o solvencia, sino de alineamiento con una agenda gubernamental.
Además, este tipo de incentivos erosiona la neutralidad y la eficacia recaudatoria del sistema fiscal. Cada bonificación condicionada reduce la base imponible y obliga, más tarde o más temprano, a compensar con mayores tipos generales, más complejidad normativa o más deuda. El impuesto deja de ser un mecanismo general de financiación del Estado para convertirse en una herramienta de ingeniería social aplicada al gobierno corporativo.
Pero el problema no es solo fiscal. De hecho, es por encima de todo un problema conceptual. El trabajo es un factor productivo esencial, sin discusión. Sin trabajadores no hay empresa. Pero la función empresarial no consiste únicamente en aportar trabajo. Consiste en combinar factores productivos, asumir riesgo residual, decidir bajo incertidumbre y responder por esas decisiones. Introducir de manera estructural al factor trabajo en los órganos de dirección altera esa función. Diluye responsabilidades, multiplica los conflictos de agencia y tiende a politizar decisiones que deberían guiarse por criterios económicos y de viabilidad a largo plazo.
La voz del trabajador ya se escucha. Se canaliza a través de la negociación individual, de la actividad sindical, de los convenios y, no menos importante, de la movilidad laboral. Forzar la entrada de los asalariados en el consejo de administración, ya sea por obligación legal o por presión fiscal indirecta, no mejora necesariamente la cooperación interna. En muchos casos, la empeora.
El caso alemán, a examen
Quienes presentan el modelo alemán de cogestión como prueba empírica de que introducir a los trabajadores en los consejos de administración mejora el rendimiento empresarial suelen apoyarse más en el prestigio del "caso alemán" que en los datos. Cuando se baja del eslogan a la evidencia, el balance es mucho más ambiguo. Alemania aplica desde hace décadas distintos regímenes de cogestión obligatoria, lo que ha permitido una abundante literatura académica. Y, sin embargo, no existe un consenso sólido que permita afirmar que este sistema genera más productividad, más inversión o más creación de valor de forma sistemática.
En términos de valoración empresarial, algunos de los estudios más influyentes encuentran efectos claramente negativos. Gorton y Schmid, en un trabajo publicado en el Journal of the European Economic Association, estiman que la representación paritaria de los trabajadores en los consejos de supervisión (la que se aplica a empresas de más de 2.000 empleados) se asocia con un descuento medio en el valor de mercado cercano al 26%, medido a través de indicadores como la Q de Tobin. Estudios previos de los mismos autores ya apuntaban a caídas del valor de mercado en el rango del 18% al 20%. Estos resultados no son marginales ni anecdóticos: cuestionan directamente la idea de que la cogestión "crea valor" para la empresa.
En productividad, el panorama tampoco respalda el relato optimista. Algunos trabajos clásicos llegaron a estimar reducciones de productividad de casi el 20% en empresas cogestionadas. La literatura más reciente, basada en diseños cuasi-experimentales más sofisticados, tiende a encontrar efectos mucho más moderados, pero la conclusión dominante es que los efectos son nulos o estadísticamente insignificantes. Es decir, en el mejor de los casos la cogestión no parece hundir la productividad; en ningún caso existe evidencia robusta de un dividendo positivo generalizable que justifique exportar el modelo como receta.
Tampoco en salarios aparece el efecto redistributivo claro que suele prometerse. Los estudios más cuidadosos encuentran aumentos salariales muy pequeños, en torno al 1%, y con intervalos de confianza amplios que incluyen el cero. Más aún, en los regímenes de cogestión más intensos, los datos apuntan incluso en sentido contrario: en empresas con representación cuasi-paritaria, algunos trabajos estiman salarios alrededor de un 3,3% más bajos que en empresas con representación minoritaria, a cambio de una mayor estabilidad laboral. El "empoderamiento" del trabajador se traduce, en la práctica, en un intercambio entre salario y seguridad, no en una ganancia neta evidente.
Por último, conviene desmontar una confusión habitual: Alemania no es una economía de cogestión universal. El modelo se concentra en grandes corporaciones industriales, maduras, altamente capitalizadas y con instituciones muy sólidas. Incluso en ese contexto excepcional, los resultados son frágiles y controvertidos. Presentar la cogestión alemana como un modelo de éxito claro y extrapolable a economías dominadas por pymes no es una conclusión avalada por los datos, sino un salto ideológico que la evidencia empírica no respalda.
El fiasco sueco
Más revelador aún es el precedente sueco, hoy prácticamente borrado del relato oficial. En los años 70 y 80, Suecia impulsó el llamado Plan Meidner, que pretendía transferir progresivamente la propiedad de las empresas a fondos controlados por los trabajadores mediante la apropiación de beneficios. No era una nacionalización clásica, sino una socialización gradual y forzosa.
El resultado fue un rechazo social masivo. En 1983, más de 100.000 personas se manifestaron en Estocolmo contra el plan. Empresarios, profesionales y clases medias percibieron con claridad que se trataba de una expropiación encubierta. El proyecto fue descafeinado y finalmente abolido en los años noventa. A partir de entonces, la socialdemocracia sueca giró hacia políticas mucho más favorables al mercado. Si esta idea fracasó en la cuna de la socialdemocracia, con grandes empresas y una cultura de consenso muy superior a la española, conviene preguntarse por qué debería funcionar aquí.
Las cooperativas
Hay, además, un argumento que rara vez recibe respuesta y que resulta especialmente incómodo para quienes defienden la "democratización" de la empresa desde el poder público. Si la participación directa del trabajador en la dirección y la propiedad empresarial fuera intrínsecamente superior, no haría falta promoverla desde el BOE ni inducirla mediante incentivos fiscales. El mercado ya habría seleccionado espontáneamente ese modelo. Sin embargo, lo que observamos es justo lo contrario.
Las cooperativas existen desde hace décadas, operan de forma voluntaria y permiten una participación real del trabajador en la gestión y en los resultados. Compiten en el mismo entorno regulatorio que las sociedades mercantiles y, aun así, siguen siendo claramente minoritarias, concentrándose en sectores muy concretos y mostrando dificultades recurrentes para crecer, innovar y escalar. Esta no es una apreciación ideológica, sino una regularidad empírica ampliamente documentada en la literatura económica.
El principal problema es estructural: la capitalización. Al no poder emitir acciones libremente ni atraer capital externo sin diluir el control laboral, las cooperativas dependen en gran medida de beneficios retenidos y de deuda bancaria. Esto limita su capacidad de inversión y las hace especialmente conservadoras en proyectos de largo plazo. En España, estudios basados en datos de CIRIEC y explotaciones microeconómicas del Ministerio de Trabajo muestran que las cooperativas presentan niveles de inversión en capital fijo por trabajador entre un 15% y un 25% inferiores a los de sociedades mercantiles comparables, una vez controlado por sector y tamaño. El diferencial es más acusado en industria y en empresas medianas, justo donde la acumulación de capital resulta más determinante para la productividad.
A ello se suma un problema de incentivos al crecimiento. En las cooperativas, cada nuevo socio implica redistribuir renta y poder entre los existentes, lo que genera una resistencia endógena a expandirse más allá de cierto tamaño. La evidencia para España, Italia y Francia muestra de forma consistente que las cooperativas crecen menos en empleo y ventas que las sociedades mercantiles comparables. El resultado es un patrón de estabilidad a corto plazo, pero menor dinamismo, menor innovación y menor capacidad de adaptación en el largo plazo.
Por último, la supuesta mayor resiliencia de las cooperativas suele ir acompañada de una dependencia significativa de marcos fiscales favorables, apoyo institucional o banca cooperativa protegida. Cuando se controla por estos factores, la ventaja de supervivencia se reduce sustancialmente. No sobreviven mejor porque sean más eficientes, sino porque ajustan internamente salarios, inversión y expectativas de rentabilidad de forma más flexible.
La conclusión es clara. Las cooperativas no fracasan por mala gestión ni por falta de valores, sino porque su estructura de incentivos es menos adecuada para la acumulación de capital, el escalado rápido y la asunción de riesgo bajo incertidumbre. Precisamente por eso el mercado no las ha seleccionado como modelo dominante. Pretender generalizar, inducir o premiar fiscalmente ese esquema desde el Estado no corrige un fallo del mercado: introduce uno nuevo.
La realidad se impone
Todo ello conduce a una conclusión incómoda pero difícil de eludir. El plan para "democratizar" la empresa, incluso cuando se presenta como incentivo fiscal y no como obligación directa, no empodera al trabajador. Politiza la empresa, distorsiona la competencia y debilita la neutralidad del sistema tributario. Más que una modernización de la economía productiva, supone un regreso a debates ya resueltos por la experiencia histórica y la evidencia económica, y no precisamente a favor de quienes hoy los recuperan.