Este jueves será un día crucial para conocer si la Justicia le da la razón a los madrileños que reclamaron la nueva y cuantiosa tasa de basuras que tuvieron que pagar en el último trimestre del 2025. Será cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo someta a votación para su posterior fallo. Después llegará la redacción de la sentencia y la comunicación de la misma, pero hasta entonces, la expectación es máxima porque será la primera sentencia sobre el llamado "tasazo" y que el Gobierno central justificó como una obligación proveniente de Europa.
"Esto no es cierto, Europa no obliga a ello", denuncia Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) dejando entrever que el Ejecutivo lo que ha hecho es pasarle la pelota a las corporaciones locales.
AEDAF es la que ha llevado a que la Justicia madrileña deba pronunciarse al respecto. Su demanda se centró en el criterio que el Ayuntamiento ha seguido para cobrar las cuantías, recordando que la ley de residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 obligaba a los consistorios a imponer esta tasa en 2025, en función de la basura que generaran. Sin embargo, no ha sido así. Los ayuntamientos aseguran que es difícil calcular lo que genera cada uno. Por eso en ayuntamientos como el de Madrid la cuantía que le ha asignado a cada hogar representa en un 80% el valor catastral de la vivienda y el 20% restante va en función de los residuos que cada distrito. "No se tiene en cuenta el número de personas que viven en cada casa a pesar de que sí tienen esa información", denuncia el socio director de Herrero Egaña Abogados y vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF. Es más, el motivo principal de su demanda se basa precisamente en el diseño de la tasa: "es un IBI II ", se queja.
No obstante, la ordenanza municipal donde se contempla la tasa de basuras para 2026 ya se ha modificado para calcularla en función de las personas de cada vivienda. "Los datos ya los tenían y el Ayuntamiento reconoce que los podrían haber utilizado, pero no los han aplicado. Se les ha echado el tiempo encima", asegura Manuel Herrero de Egaña.
¿Podrían recuperar el dinero pagado los madrileños?
En su demanda, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha pedido expresamente que, en caso de sentencia favorable, se extienda la declaración de nulidad a todos los madrileños que la pagaron en la recta final de 2025 y no solo a aquellos que la recurrieron "como es lo habitual", recuerda el experto haciendo alusión a lo que ocurrió con el diseño de la plusvalía municipal en 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el cálculo pero solo benefició a los que lo habían reclamado previamente.
En caso de que el fallo sea favorable a los madrileños, lo más previsible es que el Ayuntamiento lo recurra ante el Tribunal Supremo, pero en caso contrario, será AEDAF la que no se va a quedar de brazos cruzados. "Iremos al Supremo si el fallo es en contra", advierte Manuel Herrero de Egaña quien además denuncia que no le ha gustado lo que ha hecho el Tribunal económico-administrativo de Madrid resolviendo las reclamaciones en un espacio de tiempo al que no nos tiene acostumbrados. "El tiempo medio de espera son dos años, pero ahora, con la tasa de basuras, ha sido de dos meses", se queja con cierto malestar porque se ha querido adelantar al fallo sobre la ordenanza por si el TSJM le da la razón a los ciudadanos que solamente han puesto reclamaciones.
En estos casos, se les aboca a los madrileños cuya reclamación haya sido desestimada por el Tribunal económico-administrativo de Madrid a que recurran a un abogado. "¿Le va a compensar a ese vecino gastarse 100 o 200 euros en un abogado que es lo mismo que ha pagado de tasa?", se pregunta, consciente de la respuesta: acabarán abandonando y "esto no se hace", lamenta.