Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, y Carlos Ocaña, actual vicepresidente de Telefónica, –ambos amigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– adquirieron en mayo de 2024 un apartamento de 54 metros cuadrados construidos en el centro de Madrid para destinarlo al alquiler de temporada, según ha publicado en exclusiva el diario El Confidencial.
Según esta información, el inmueble, situado en la calle Virgen de los Peligros, junto a la Puerta del Sol, se encuentra alquilado por 2.850 euros mensuales –a pesar de su reducido espacio– y con un contrato de hasta un año, una modalidad que permite mayores rentabilidades al quedar fuera de las limitaciones aplicadas al alquiler habitual.
La vivienda fue tasada en 2021 en 755.502 euros y para adquirirla solicitaron una hipoteca de 416.500 euros a Caixabank. Todo ello en un momento en el que el precio del alquiler en la capital continúa al alza y el Gobierno ha anunciado su intención de intervenir en los contratos de temporada. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo presume de defender medidas para limitar el uso "fraudulento o especulativo" de este tipo de arrendamientos.
La trayectoria de ambos
Carlos Ocaña fue nombrado consejero de Telefónica en mayo de 2024, en representación de la SEPI, y posteriormente ascendió a la vicepresidencia en febrero de 2025. Asimismo, Ocaña tiene una relación profesional previa con Pedro Sánchez como coautor del libro La Nueva Diplomacia Económica Español. Respecto a Cabezón, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, se ha incorporado a distintos cargos de responsabilidad y a la Ejecutiva Federal del PSOE.
En los últimos días El Confidencial también ha revelado información que pone en el punto de mira a Cabezón, con una estructura societaria relacionada con energías renovables que habría estado administrada por testaferros españoles y costarricenses. El dirigente socialista negó inicialmente cualquier relación con esa red y posteriormente admitió vínculos con dicha actividad empresarial, asegurando que se trataba de un asunto antiguo y que no había sido investigado por Hacienda. El presidente del Gobierno manifestó públicamente su respaldo, afirmando que, a su juicio, "no hay caso".