Una de las señas de identidad de este Gobierno es la insistencia en señalar la importancia de los impuestos para pagar "pensiones, carreteras, educación o sanidad" en nuestro país, sin embargo, se olvidan de mencionar el dinero que España destina a organismos y países extranjeros, donde cada año se gastan millones de euros en proyectos que en nada mejoran el bienestar de los españoles.
Como ya hemos explicado en otras ocasiones en Libre Mercado, España destina anualmente millones de euros en ayudas sin contraprestación a organizaciones o instituciones públicas de otros países. Aunque resulta complicado determinar con exactitud el importe total destinado en 2025 a este tipo de apoyos, se puede afirmar con seguridad que superó los 70 millones de euros.
La diferencia entre las cifras que presentamos en este artículo y los más de 455 millones de euros que España destinó en 2024 radica en que esta última cantidad procede del "Listado de grandes beneficiarios" del SNPSAP, donde aún no hay datos para 2025. Los más de 70 millones de euros a los que hacemos referencia aquí corresponden exclusivamente a las ayudas destinadas a regiones fuera de Europa. Por ello, es previsible que, una vez se publique la actualización del "Listado de grandes beneficiarios" correspondiente a 2025, las cifras totales sean similares o incluso superiores a las de 2024.
Si consultamos el "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas" (SNPSAP), podremos conocer los millones de euros que España regala a organismos e instituciones extranjeras en el año 2025 (y en años anteriores).
A continuación, se exponen 15 ejemplos representativos de ayudas otorgadas en 2025 a organizaciones e instituciones extranjeras:
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"Fondo de Pandemias Plurianual 25-27": 5.000.000 euros.
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Organización de las Naciones Unidas (ONU): 2.480.000 euros.
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"Apoyo a los defensores de los derechos humanos en peligro en América Latina": 1.500.000 euros.
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"Comisión Nacional de la Micro y pequeña empresa (CONAMYPE)" en El Salvador: 1.104.797 euros.
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Proyecto para la "mejora de la empleabilidad de poblaciones vulnerables mediante formación" en República Dominicana: 800.000 euros.
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Proyecto para la "Gobernanza forestal y conservación de la biodiversidad desde los pueblos indígenas y comunidades locales" en Guatemala: 700.000 euros.
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Proyectos para la "economía circular y sostenible" en El Salvador: 600.000 euros.
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Programa de "educación en emergencia" en Nicaragua: 600.000 euros.
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Proyecto de "intensificación de la producción agrícola en familias campesinas haitianas" en Haití: 578.019 euros.
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Programa para la "adaptación y reducción a vulnerabilidad del cambio climático en la cuenca del Canal de Panamá" en Panamá: 550.000 euros.
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"Fortaleciendo la confianza ciudadana en la democracia" en Colombia: 500.000 euros.
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"Plan de acción para los pueblos indígenas de Iberoamérica": 355.000 euros.
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Proyecto "Mi casa fuera de casa" para población LGBTIQ+ en Ecuador: 300.000 euros.
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Contra la violencia de género en Perú: 300.000 euros.
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Programa indígena en Paraguay: 280.000 euros.
Como podemos ver, los programas financiados abarcan desde un "Fondo de Pandemias" al que se regalaron 5 millones de euros, hasta iniciativas que tienen que ver con los pueblos indígenas, con la población LGBTIQ+ en Ecuador, con la violencia de género en Perú o con el "apoyo a los defensores de los derechos humanos en peligro en América Latina". Todos ellos sufragados con el dinero de los contribuyentes españoles.
Las prioridades del Gobierno
Esto ocurre al mismo tiempo que, hace tan solo unas semanas, el proyecto de investigación del doctor Mariano Barbacid (que ha conseguido eliminar el tumor de páncreas en ratones y se dispone a intentar lo mismo en humanos) ha tenido que pedir 3,5 millones de euros en donaciones a la población para poder continuar con su investigación, ante la falta de fondos públicos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una cifra que ya se ha alcanzado e incluso superado, gracias a la generosidad de la gente.
Sea como fuere, la realidad es que España regala una importante cantidad de dinero a organismos e instituciones públicas extranjeras en lugar de priorizar el bienestar sus ciudadanos, ya sea a través de bajadas de impuestos o de mejora de los servicios públicos.