Madrid. Dos de la tarde. En un supermercado de una conocida cadena situado junto a una de las principales zonas de oficinas de la capital, no queda una silla libre. Donde antes había solo lineales y cajas registradoras, hoy hay una amplia sección de platos listos para consumir, microondas alineados y largas mesas corridas que han convertido al local en todo un comedor al uso.
Alrededor de estas mesas se sientan decenas de jóvenes profesionales que trabajan en algunas de las empresas más punteras del país: consultoras tecnológicas, despachos internacionales, multinacionales energéticas… las animadas conversaciones se suceden entre trajes sin corbata, portátiles abiertos y acreditaciones colgadas al cuello. No están allí por tendencia gastronómica ni por espíritu aventurero, sino porque las cuentas han dejado de salir.
Hace no tanto, esta escena habría resultado impensable. El menú del día era la liturgia laboral española: primero, segundo, postre y café por un precio razonable. Era una pausa, un pequeño espacio de dignidad cotidiana. Por el contrario, en muchas zonas de España esto empieza a parecer un lujo inasumible y los supermercados lo aprovechan invadiendo el terreno otrora sagrado de la hostelería.
No hablamos de jóvenes precarios sin cualificación, sino de perfiles formados, productivos e integrados en los sectores estratégicos del país. Y, aun así, estos trabajadores se lanzan a por los combos de 4,5€ que les ofrece el supermercado porque ya no pueden abonar los quince euros a los que asciende un menú del día estándar.
Puede parecer anecdótico, pero esta situación oculta algo mucho más importante sobre cómo se ha precarizado a los jóvenes: cuando los que están en la élite no pueden acceder a lo que ha sido una tradición nacional, toda una generación está condenada a no alcanzar jamás aquello que lograron sus padres.
Los motivos que nos han conducido hasta aquí son variados y nombrarlos a todos podría resultar extenuante, pero vamos con los dos más destacados.
En primer lugar, precio de la vivienda. Según el Gobierno, esta cerró 2025 con una subida del 13,5% a nivel nacional, lo que es un incremento inasumible para un plazo tan corto de tiempo. Es obvio que tenemos un problema de oferta porque, desde 2022, apenas se han terminado 350.000 viviendas mientras que la población se ha incrementado en más de dos millones de habitantes.
Para solucionar esto, urge liberalizar el suelo a nivel masivo, controlar nuestras fronteras para que entren un número de inmigrantes que el país pueda asumir y acabar con los farragosos trámites que padece la construcción, pero la cuestión es si existe voluntad política para ello. La única respuesta que explica que no se haya hecho en tantos años es que si baja el precio de la vivienda se deprecia el patrimonio de los mayores de 65 años, los cuales son los mayores tenedores de vivienda en este país.
Por otra parte, al no deflactar los impuestos a la inflación y al subir esta más que la media de los salarios, los jóvenes soportan más presión fiscal que nunca con menos poder adquisitivo. A la par, los mayores de 65 años son el único grupo poblacional que gana poder adquisitivo desde 2008 porque se ha blindado la subida de las pensiones al nivel del IPC. Igual es el momento de reflexionar en si debemos distribuir las cargas entre los que cotizan y los que reciben, de tal modo que las pensiones no puedan subir todos los años a este ritmo para aliviar la carga fiscal de los que nutren al sistema.
Las decisiones que se han ido tomando han respondido a la estrategia electoral clara de beneficiar al grupo de población más numeroso, por lo que si se quiere cambiar esta dinámica ha de ser este grupo el que cambie sus prioridades y exija a los políticos virar el rumbo. No se trata de enfrentar generaciones, sino de asumir una responsabilidad compartida. Nuestros mayores tienen la capacidad –y quizá también el deber– de reclamar políticas que no hipotequen el futuro de sus hijos y nietos para evitar ser recordados como la primera generación que vivió mejor que sus sucesores.
Conviene detenerse a reflexionar sobre que la escena del supermercado antes descrita no es una anécdota costumbrista, sino un verdadero termómetro social. Cuando el menú del día deja de ser la pausa natural para los que trabajan en el corazón productivo del país y se convierte en un lujo prescindible, algo se ha desajustado en nuestro sistema de incentivos. El problema no es dónde comen, sino por qué han dejado de poder elegir.