En distintas ocasiones, Pedro Sánchez ha mostrado una tendencia autoritaria que pasaría por limitar la libertad de información de los medios de comunicación y controlar el acceso a ciertos contenidos en redes sociales. Recientemente, el presidente del Gobierno insultó directamente al periodista Iker Jiménez. Del mismo modo, a principios de febrero anunció que perseguiría "el odio, la división y la polarización" en Internet.
Ahora, el Ejecutivo pretende aprobar el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, donde se establecen diferentes medidas que afectarán a los medios de comunicación. Entre ellas se encuentra la limitación de la publicidad institucional, pero también se encuentran otras iniciativas que podrían atentar contra la libertad de los medios. De este modo, se obligará a las empresas de comunicación a hacer pública la información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
¿Censura a los medios?
El Consejo de Ministros va a aprobar este martes prohibirá que la publicidad institucional supere el 35% de los ingresos totales que reciben los medios de comunicación. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a la Agencia EFE, que recuerda que dicha medida está incluida en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Gobierno en su Plan de Acción por la Democracia, que data de septiembre de 2024. De hecho, con esta nueva legislación el Ejecutivo pretende también que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Concretamente, en este Plan de Acción el Ejecutivo de Sánchez establecía como uno de los grandes ejes de actuación el "fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo". Al respecto, desde el Gobierno defendían en dicho documento que "sin medios libres y de calidad no hay democracia", incidiendo en que "sin fuentes fiables y diversas de información, la ciudadanía no podría ejercer su importante labor de control y escrutinio".
En este sentido, la primera línea de acción que preveía en este Plan el Gobierno de Sánchez era la "fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación". De este modo, el Plan de Acción establece que "la ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta".
Ahora bien, lo cierto es que, a pesar de la presunta buena intención con la que se habrían planteado estas iniciativas, en su Plan de Acción el Ejecutivo establece mayores exigencias para los medios de comunicación. En primer lugar, se plantea la "creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben".
Asimismo, el Gobierno también establece "un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas". Además, otra de las acciones previstas es la reforma de la Ley de Publicidad institucional con el objetivo de "introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", si bien no se detalla en dicho documento cuáles serían estos criterios.
Por otra parte, el Gobierno también señala en su Plan de Acción que otro de los objetivos de la reforma de la Ley de Publicidad institucional será "garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad".
Sin embargo, llama también la atención que, en este contexto, en el que se supone que el Gobierno trata de promover la transparencia de los medios de comunicación, llegando a limitar la publicidad que pueden recibir por parte de las administraciones públicas –tal y como confirma EFE–, en este Plan de Acción se aprovecha para hacer también un guiño a los socios parlamentarios del Ejecutivo. De este modo, se detalla que "se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano".
Exigencias de la UE
El Gobierno de Sánchez ha encontrado en la normativa europea la excusa perfecta para avanzar en su asalto a la libertad de los medios de comunicación. Precisamente, en su Plan de Acción recuerda que "en marzo de 2024 la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación", que entró en vigor en mayo de ese mismo año y cuyas disposiciones en su mayoría comenzaron a ser aplicables en agosto de 2025.
Lo cierto es que este Reglamento promueve la protección de la independencia editorial y de las fuentes periodísticas. Asimismo, trata de garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos. Sin embargo, también se incluyen medidas potencialmente liberticidas. Concretamente, se pretende aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, así como "garantizar que los Estados miembros proporcionen una evaluación del impacto que tienen las concentraciones clave en el mercado de los medios de comunicación sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial".