Uno de los grandes dramas sociales de nuestros días es la okupación. Gracias a la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que de forma populista y demagógica apuesta por proteger a los delincuentes y señalar a los propietarios de vivienda, la okupación y la inquiokupación se han disparado. Esto difiere en gran medida de lo que está ocurriendo en países como Portugal o Italia, donde sus respectivos Ejecutivos han decidido hacer frente a este problema. Ahora la UE podría exigir medidas a los Estados miembros para combatir la okupación.
La UE da la espalda a Sánchez
En un informe con las enmiendas introducidas al documento relativo a la crisis de la vivienda en la Unión Europea —al que ha tenido acceso Libre Mercado—, que ha sido elaborado en el marco de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, encabezado por el eurodiputado del PPE, Borja Giménez Larraz, y que será aprobado en el pleno de marzo —según trasladan fuentes del PPE—, se destaca que "la política de vivienda debe lograr un equilibrio justo entre la protección de los derechos de los propietarios y la protección de los inquilinos".
De este modo, el documento incide en la importancia de reconocer los derechos de propiedad y defenderlos. Así, en el informe se recuerda que 'los ciudadanos de la UE tienen derecho a poseer, utilizar, disponer y heredar los bienes adquiridos legalmente'. Asimismo, con el fin de enfatizar esta misma idea, se 'condena enérgicamente el fenómeno de la ocupación ilegal de propiedades privadas y públicas en toda Europa, (...), que vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada'.
Asimismo, el informe introduce también una interpelación directa a los Estados miembros de la UE para que tomen medidas contra la okupación. Concretamente, se incluye la petición dirigida a los Gobiernos de la UE de que protejan el derecho a la propiedad 'y adopten medidas más estrictas para salvaguardar a los propietarios, garantizando mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de la propiedad, incluidas órdenes judiciales oportunas de desalojo, reforzando la protección de las víctimas de tales actos, restaurando las posesiones legales y defendiendo el Estado de Derecho'.
Por otra parte, el informe también reconoce los efectos perversos de este fenómeno, que no solo es pernicioso por su atentado contra la propiedad, sino por la inseguridad y la delincuencia que genera. Así, se 'subraya que la ocupación ilegal de viviendas puede generar inseguridad, deterioro urbano y tensiones sociales, y socavar la cohesión social'. Pero, además, se incide en que 'el hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas no solo es una cuestión de equidad y justicia, sino que también es fundamental para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquileres'.
Con todo, cabe recordar que la agencia Bloomberg ha señalado directamente a España por el problema de la okupación. En un reportaje sobre este drama social, Bloomberg subraya cómo se ha agravado este problema en nuestro país y recoge varios testimonios de afectados por la okupación. De hecho, Bloomberg llega a informar en su artículo de que portales especializados, como Idealista, ya incluyen herramientas para contabilizar el número de inmuebles que se encuentran okupados.