Galicia se ha convertido en la primera autonomía en prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. El pasado 16 de diciembre se aprobó la Ley de protección de la salud de las personas menores con el voto en contra del BNG y con la abstención del PsdeG. Sin embargo, curiosamente, es ahora el PSOE junto con su socio de Gobierno (SUMAR) el que pretende sacar una normativa parecida para extender la prohibición a todo el territorio nacional. El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy quiere que su departamento siga los pasos de autonomías como Galicia o el Principado de Asturias. De hecho, él mismo las puso de ejemplo la semana pasada al decir además que lo que quiere es que "los poderes públicos hagan su parte y cumplan con su obligación de proteger la salud y garantizar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país". Las palabras las pronunció el pasado martes 24 de febrero, día en el que anunció que su ministerio ya está desarrollando una norma en este sentido "para aplicarla lo antes posible".
Sin embargo las regulaciones autonómicas han provocado preocupación entre las asociaciones de la distribución alimentaria como ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) y ANGED por falta de coherencia normativa. Y es que mientras la nueva norma gallega prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, en Asturias donde está a punto de aprobar el Proyecto de Ley de Regulación de la Venta, Suministro y Consumo de Bebidas Energéticas para la Protección de Menores, la edad se situará en los 16 años.
De tal manera que hoy, solo con la normativa gallega en vigor, un joven de 17 años -por poner un ejemplo- ya no puede comprar un Red Bull en el municipio lucense de Ribadeo pero sí en el asturiano de Castropol, a tan solo trece minutos en coche. Es más, la prohibición de Galicia también puede provocar que los jóvenes puedan ir a la provincia de León en busca de su ansiado refresco energético sin ningún tipo de impedimento. Lo que provoca ya una gran contradicción en materia de salud puesto que lo que es malo para un joven gallego, también lo es para uno asturiano o uno castellanoleonés. La contradicción irá a más en cuanto otras autonomías se animen a fijar edades mínimas de consumo pero diferentes, como es el caso de Asturias donde se quieren mostrar más permisivos dejando que con 16 y 17 años sí puedan comprarlas.
Sin embargo, en todo este lío de normas autonómicas, irrumpe el ministro Bustinduy que lo que persigue es desincentivar el consumo entre menores, como ocurrió con la ley anti alcohol. Sin embargo las asociaciones de la distribución recuerdan que se pueden dar incongruencias normativas como va a ocurrir en Asturias. Y es que la ley en la que trabajan en el Principado también va a prohibir que un adulto pueda comprar una bebida energética si va con un menor, pero sí podrá comprar una botella de whisky. Y esto además de crear problemas en los puntos de venta, invadirá la esfera privada de los consumidores por no hablar de las dificultades con las que se va a encontrar el personal en las líneas de caja con sus clientes a los que les tendrá que explicar que el producto lo podría comprar si no viniera con un niño.
La opinión de los fabricantes
Aunque el Gobierno trata de regular hábitos de consumo, los fabricantes de este tipo de bebidas ya advierten de las consecuencias de esa normativa que, con solo el anuncio, se sienten señalados como si estuvieran fabricando algo ilegal. Hace veinte años que la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) se comprometió a no realizar publicidad dirigida a los niños y ese compromiso se ha reforzado recientemente ampliando de los 13 a los 16 años la edad mínima a la que dirige sus campañas. Por eso no entienden el anuncio hecho por el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy sobre el desarrollo de una normativa nacional que prohíba la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años y la restricción hasta los 18 años si la bebida supera los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. "La prohibición es una medida desproporcionada" aseguran los fabricantes de bebidas energéticas al considerar mucho más eficaces las iniciativas de sensibilización que fomenten el consumo responsable de las mismas en la infancia.
Además denuncian en conversación con Libre Mercado que "antes de plantear una medida regulatoria tan extrema sería conveniente evaluar el resultado de las campañas de concienciación realizadas previamente". Así ANFABRA defiende que su industria está muy comprometida con la protección del público infantil no solo no realizando esa publicidad sino también no comercializando sus latas en colegios ni institutos.
Los fabricantes de bebidas energéticas aseguran que la aplicación de la norma genera dudas de proporcionalidad para un producto cuyo consumo moderado es totalmente seguro tal y como avalan las máximas autoridades de seguridad alimentaria recordando que todos los ingredientes que utilizan "están aprobados y evaluados de forma periódica por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la máxima autoridad europea en esta materia". De ahí que se muestren molestos por el señalamiento que suponen prohibiciones de consumo como estas, donde son equiparados a sustancias como las drogas, el tabaco o el alcohol -"en cuyo caso la recomendación es de no consumo", recalcan-. Por eso, aunque muestran su disposición a dialogar con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reclaman que las medidas que se puedan poner en marcha estén "basadas en la evidencia científica y en la unidad de mercado".