El emblemático edificio de Telefónica, Gran Vía 28, tiene nuevo dueño. Tomás Olivo, el empresario murciano que figura entre los hombres más ricos de España, ha logrado hacerse con el edificio que durante décadas fue el corazón de Telefónica en Madrid, en una operación que ronda los 200 millones de euros. No obstante, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete no ha querido confirmar ni desmentir la transacción.
Lo que llama la atención no es solo el importe, sino el propio desenlace. Olivo no figuraba entre los candidatos que abrieron el proceso, coordinado por Rothschild. La primera fase reunió a un grupo heterogéneo de pretendientes: Drago Capital, asociado con Bain Capital, la aseguradora italiana Generali, el financiero Rafael Serrano a través de Prime Investors Capital, los hermanos Ardid —bisnietos de Francisco Franco— y la gestora Terralpa, conocida por operar con capital mexicano.
Según las distintas informaciones publicadas al respecto, también hubo un empresario peruano que se retiró temprano. Pasaron a la siguiente ronda Serrano, Terralpa y los Ardid, pero los tres condicionaron sus ofertas a un cambio de uso del inmueble que el Ayuntamiento de Madrid no estaba dispuesto a facilitar. Fue entonces cuando Olivo apareció con una propuesta en efectivo, sin tantas condiciones, y se llevó el activo.
La cifra acordada está por debajo de lo que Telefónica esperaba ingresar —llegó a calcular hasta 300 millones, a unos 10.000 euros por metro cuadrado— y refleja una rebaja motivada por las trabas urbanísticas y los elevados costes de restauración que recaerán sobre el comprador. La oferta de Serrano llegó a rozar los 210 millones, aunque también estaba supeditada a las negociaciones con el consistorio madrileño.
El nudo del problema es la calificación urbanística del edificio. Gran Vía 28 tiene el máximo nivel de protección patrimonial de Madrid —Grado Singular— y su ficha urbanística no contempla usos residenciales ni hoteleros. La situación tiene raíces antiguas: en 2003, un convenio entre Telefónica y el entonces alcalde Álvarez del Manzano dejó expresamente fuera de las recalificaciones masivas de la época a este inmueble, preservando su carácter de sistema local con usos infraestructurales y culturales.
Seis años después, un Plan Especial permitió que la Fundación Telefónica ocupara hasta la mitad de los 32.000 metros cuadrados distribuidos en trece plantas. Hoy alberga el espacio expositivo de la fundación y la tienda insignia de la operadora. Su última función corporativa data de septiembre de 2025, cuando el consejo de administración celebró allí una reunión institucional antes de trasladar definitivamente sus actividades.
Desde el punto de vista jurídico, revertir ese uso cultural o dotacional hacia algo más lucrativo —un hotel de lujo, viviendas premium o comercio de gran superficie— es complicado. Fuentes del sector inmobiliario advierten de que no basta con un Plan Especial; sería necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana o de la legislación autonómica, un camino largo y sin garantías. El portavoz socialista en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, Antonio Giraldo, ha sido explícito al respecto: la normativa prohíbe reducir sistemas locales sin compensaciones equivalentes. Un precedente relevante fue el de 2003, cuando la propia Telefónica payó 53 millones al Ayuntamiento como contraprestación por las recalificaciones de aquel momento.
Para Olivo, la operación encaja en la lógica de alguien acostumbrado a gestionar activos complejos con paciencia. Con un patrimonio estimado en torno a los 4.600 o 5.000 millones de euros según las distintas ediciones del ranking Forbes —donde escala posiciones año a año—, el empresario de Fuente Álamo controla General de Galerías Comerciales, una socimi cotizada en BME Growth desde 2017 que agrupa más de una de cena de centros comerciales en Andalucía, Murcia, Cataluña, Canarias y Valencia.
En su cartera ya figura un precedente directo: en 2018 adquirió la sede de Telefónica en Granada. Su proyecto más ambicioso en marcha es Valdebebas Shopping, un macro centro comercial en Madrid que superará los 124.000 metros cuadrados. Además de sus activos inmobiliarios, mantiene posiciones financieras en Banco Sabadell y es el segundo accionista de Unicaja Banco.
Para Telefónica, la operación es un paso más en su política de adelgazamiento patrimonial. Ahora comienza para Olivo la negociación más delicada: sentarse con los técnicos del Ayuntamiento de Madrid para definir qué puede —y qué no puede— hacerse con uno de los rascacielos más singulares del país.