El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este viernes con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, por la polémica en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Precisamente este viernes se ha conocido también que fue García Ortiz quien ordenó difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid desvelando las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de la presidenta, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto Julián Salto.
Libertad Digital se ha puesto en contacto con el ICAM para tratar de confirmar el encuentro, adelantado por El Mundo, pero fuentes del organismo no han querido hacer declaraciones al respecto. No así fuentes fiscales, que han informado a Efe de que la cita se ha producido a instancias del fiscal general para aclarar varias cuestiones tras el comunicado emitido este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. Y después también del comunicado que el Ilustre Colegio de Abogados publicó este jueves por la noche.
Asimismo, este jueves el decano del Colegio de Abogados llamó a la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, para quejarse de la actuación del Ministerio Fiscal ante la revelación de conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, según relata Efe.
La polémica arranca con la nota difundida la víspera por la Fiscalía Provincial de Madrid que revela que "el único pacto de conformidad con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero". Para demostrarlo hace públicas las comunicaciones con el siguiente orden cronológico:
1.º El día 23 de enero de 2024 la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
2.º El día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor de D. Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal.
Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021".
3.º El día 7 de febrero de 2024 el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó Decreto de conclusión de las diligencias de investigación incoadas para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria. En este Decreto se acordó la interposición de denuncia contra el Sr. González Amador y otros por "delitos de defraudación tributaria y falsedad documental".
4.º El día 12 de febrero de 2024 (11:34 horas) el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor del Sr. González Amador y le manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", sin que considere que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
5.º El día 13 de febrero de 2024 el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra el Sr. González Amador y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.
6.º El día 20 de febrero de 2024 la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra el Sr. González Amador y otros al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.
7.º El día 5 de marzo de 2024 el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal.
8.º El día 12 de marzo de 2024 el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del Sr. González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.
El ICAM: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias"
Tras esto y a última hora de este jueves, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid calificó de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
En el escrito recuerda que "el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos". Añade que, "además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".
Por ello, avanzó que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes. En dicha Junta se examinarán "con todo detalle los hechos relativos al comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que se revelan datos concretos de unas diligencias de investigación, con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias", reiteran en un nuevo comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital.
Tras esta reunión de Junta de Gobierno, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, comparecerá ante los medios de comunicación para informar de los acuerdos adoptados en relación con este asunto.
También la Asociación Profesional de Fiscales (APIF) ha censurado enérgicamente esta actuación de la Fiscalía de Madrid a través de un comunicado en el que advierte de que esta publicación por parte de la Fiscalía podría vulnerar los derechos constitucionales del novio de la presidenta madrileña. En este comunicado solicitan públicamente al fiscal general del Estado que "desautorice la práctica de revelar por los miembros del Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen, ordenando a todas las Fiscalías guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto".