El juzgado de primera instancia número 49 de Madrid ha citado para el 2 de octubre a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a un acto de conciliación por la demanda del primero por intromisión al honor. González Amador le reclama, según publica El Confidencial, 40.000 euros por una intromisión en su derecho al honor y a la intimidad.
Fuentes jurídicas han indicado a EFE que ambos han sido citados a las diez de la mañana del próximo 2 de octubre para tratar de llegar a un acuerdo. Todo se remonta al martes 12 de marzo, cuando saltan las primeras informaciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ya conocía a las 17:20 de la tarde la información que elDiario.es publicó a las 21:37 relativa al cobro de dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.
Durante unas declaraciones improvisadas en los pasillos del Senado, Montero pidió explicaciones a Ayuso escudándose en lo que, según dijo, conocía por los medios de comunicación. "Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", aseguró en los pasillos del Senado pese a que, en ese momento, no se conocía ninguna información con respecto a las comisiones de las mascarillas. Además, la noticia de elDiario.es mencionaba que Ayuso estaba viviendo en un piso que González Amador había adquirido en 2022, pero no lo vinculaba con la denuncia.
Según publica también El Confidencial, el novio de la presidenta madrileña reclama otras dos cuestiones: que Montero tenga que dar una rueda de prensa en la que reconozca que sus declaraciones no eran ciertas y que se encargue de que al menos un periódico se haga eco de las mismas.
La petición de un acto de conciliación es el paso previo que González Amador debe dar antes de la interposición formal de la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad. Si se celebra, cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero Montero también puede no acudir. En ese caso, la demanda acabaría en el Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza como diputada.