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Madrid

Almeida reta al PSOE de Madrid a pedir que el "tasazo" de basuras no sea obligatorio: "¿Irían conmigo al Gobierno?"

La CE ha confirmado que la nueva carga contra hogares y comercios no es una exigencia impuesta por Bruselas, sino una decisión exclusiva del Gobierno.

La CE ha confirmado que la nueva carga contra hogares y comercios no es una exigencia impuesta por Bruselas, sino una decisión exclusiva del Gobierno.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto institucional con motivo del Día de la Constitución. | Europa Press

El Partido Popular no ha dejado pasar la oportunidad para volver a criticar con dureza la nueva tasa de basuras que el Gobierno ha obligado a aplicar a los ayuntamientos, destacando que, tal y como ya habían advertido desde un principio, no es una exigencia de la Unión Europea, sino una decisión exclusiva de Pedro Sánchez. Una denuncia que llega precisamente después de que la Comisión Europea confirmara el pasado martes que existen otras vías alternativas a la medida, desmintiendo así la versión oficial del Ejecutivo, que había asegurado lo contrario para justificar el "tasazo".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ya calificó en su momento la medida de "sanchazo" y "sablazo", ha insistido en rechazar la narrativa de Sánchez e, incluso, ha pedido a las portavoces de PSOE y Más Madrid en la capital —Reyes Maroto y Rita Maestre, respectivamente— que se unan a él en una moción para exigir al Gobierno central que permita a los ayuntamientos decidir libremente sobre la imposición de este gravamen, que se ha impuesto desde una "voluntad política" del PSOE y utilizando a "Europa como excusa", según ha denunciado.

Así, mediante una proposición en el siguiente Pleno del Palacio de Cibeles, Almeida preguntará a la oposición si está de acuerdo o no en "subir la presión fiscal a los madrileños por la tasa de basura". Seguidamente, ha retado a ambas portavoces a ser "capaces" de mantener el discurso en el que se habían mostrado también críticas con la medida —ya fuese por la manera de aplicarla del Ayuntamiento o por no perseguir el objetivo de la reducción de residuos—, lanzando: "¿Irían conmigo al Gobierno a pedirle que fuera no obligatoria para los ayuntamientos y, por tanto, que cada ayuntamiento pudiera libremente decidir si quiere establecer la tasa de basuras, sí o no?".

Desde la Plaza de Oriente, Almeida ha insistido en que, si Sánchez accediera a permitir a los ayuntamientos dicha libertad, él mismo retiraría la medida en Madrid de forma inmediata. "Si conseguimos que el Gobierno de Sánchez dé esa autonomía a los municipios, Madrid retirará la tasa", ha prometido el alcalde de la capital.

Una tasa de la factoría de Moncloa

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, que ha acusado al Ejecutivo de "mentir" y ha pedido a los miembros del PSOE-M que pidan perdón y den explicaciones "por su silencio y apoyo cómplice durante tanto tiempo". A su parecer, el Partido Popular "tenía razón" desde hace más de dos años en su denuncia a esta imposición que pone "en riesgo la autonomía local".

"La CE ha aclarado que esa tasa no es una imposición de la UE, es una posibilidad entre un listado de opciones para abordar la recogida de residuos que establece la UE en esa directiva, usándose a discreción de los estados miembros", ha dicho este martes Serrano, que ha insistido en que, "una vez más" y eligiendo la herramienta "más dañina para los madrileños" de las ofrecidas por Bruselas, "Sánchez miente con una tasa que viene de la factoría de Moncloa".

La nueva tasa de residuos, que sustituirá a la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), afectará a unos 1,7 millones de inmuebles en Madrid. Según los cálculos, cada hogar madrileño pagará, de media, 141 euros al año por la recogida y tratamiento de residuos, mientras que los comercios tendrán que abonar hasta 310 euros. Para Almeida, esta nueva carga es una "injusticia" que impactará especialmente en los arrendatarios, pues los propietarios de inmuebles trasladarán el coste a los inquilinos, generando una nueva presión fiscal en un momento en el que, según el alcalde, el Gobierno ha fracasado en su promesa de frenar la escalada de los alquileres en la capital.

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