Mónica García ha acusado al juez Adolfo Carretero —que investiga a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual— de mostrar una actitud "meridianamente machista" y "absolutamente bochornosa" durante el interrogatorio a Elisa Mouliaá. Según la ministra de Sanidad, la forma en que el magistrado ha llevado el caso no solo ha sido inapropiada, sino que "perjudica" el derecho de las mujeres a denunciar.
La de Más Madrid se ha referido en particular a las filtraciones de quienes comparecieron el pasado 16 de enero y que desataron una avalancha de reclamaciones contra el juez. La ministra ha resaltado que las preguntas realizadas a la actriz fueron, en sus palabras, "absolutamente impropias". "Lo que hemos visto es lo que nos decían que pasaba, de por qué las mujeres no denunciaban, y lo hemos visto in situ, ¿no?", ha afirmado García, denunciando la actitud del magistrado.
Las más de 900 quejas sobre el interrogatorio de Carretero "casi colapsaron" el buzón de reclamaciones, según el propio Consejo General del Poder Judicial, que abrió una diligencia informativa para investigar la conducta del magistrado. Ante esto, Carretero aseguraba este mismo jueves que pedirá amparo al mismo órgano jueces.
Hace escasos días, Más Madrid acusaba a también al juez Ángel Hurtado —que investiga al fiscal general del Estado— de ser el "favorito" del PP y de "proteger" a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Obligar a los jueces a declarar sus bienes y actividades
Precisamente, esta misma semana, la formación ha presentado una propuesta legislativa en la Asamblea de Madrid que busca obligar a jueces y magistrados a declarar anualmente todos sus bienes y actividades, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos, participaciones en sociedades, cuentas bancarias, deudas y cualquier otro derecho patrimonial tanto en España como en el extranjero, como "garantía para la ciudadanía de la integridad de los poderes públicos y de su independencia".
En su exposición de motivos, los diputados Hugo Martínez Abarca y Manuela Bergerot argumentaron que esta iniciativa sirve también como una herramienta "de vigilancia" contra la corrupción, pretendiendo proteger así a todos aquellos "que no tienen nada que ocultar y que se ven perjudicados por unos pocos".
La propuesta no ha gustado a muchos jueces que, a través de redes sociales, han puesto de manifiesto que no es otra cosa sino continuar con la campaña emprendida por el Gobierno para deslegitimar al Poder Judicial. "Sigue la campaña de acoso y derribo de la Justicia, sembrando dudas sobre la honorabilidad de los jueces. Buscad, buscad. Vais a encontrar un inmenso patrimonio…. moral: vocación, independencia, servicio público y profesionalidad. Animo!", señala uno de ellos.
Sigue la campaña de acoso y derribo de la Justicia, sembrando dudas sobre la honorabilidad de los jueces. Buscad, buscad. Vais a encontrar un inmenso patrimonio…. moral: vocación, independencia, servicio público y profesionalidad. Animo! https://t.co/vYL80MyZeO
— MagistraThor🇪🇸 (@MagistraThor) January 23, 2025
"Vale. Y luego comparamos con vosotros (con los políticos)", apunta otro de ellos. "Acepto el reto gustoso, y estoy dispuesto a dar transparencia el resto de mi vida (que no lo que me dure la legislatura) porque lo único de valor que tengo material es un Kia rojo y me quedan 4 años para pagarlo", le indicaba otro al diputado Martínez Abarca.
