Pedro Sánchez no ha acudido este miércoles al acto de conciliación con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en el que tenía la opción de retractarse de las declaraciones en las que le llamó "delincuente confeso". El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid había citado a ambas partes a las 12:30, pero el presidente no se ha presentado. Tras fracasar este intento de acuerdo, González Amador tiene vía libre para acudir al Tribunal Supremo y demandarle o querellarse contra él por injurias y calumnias.
El pasado 17 de octubre, un día después de que el fiscal general fuera imputado por el Alto Tribunal, el presidente afirmó: "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo". González Amador le exige el pago de 100.000 euros y que se retracte de estas declaraciones.
Tras estas palabras, el novio de la presidenta solicitó un acto de conciliación, que es el paso previo a la interposición o bien de una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor o bien una querella por injurias y calumnias. Fuentes de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso señalan a Libertad Digital que aún están estudiando las dos vías posibles.
En el caso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, González Amador interpuso una demanda que fue admitida por la Sala Civil del Tribunal Supremo y donde le reclama una cantidad de 40.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Esta decisión la adoptó después de que Montero pidiera explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". La ministra de Haciendo también afirmó que le parecía "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión".
El pasado mes de enero, el magistrado del Supremo que instruye el caso contra el fiscal general, Ángel Hurtado, emitió un auto en el que señaló que González Amador no es un defraudador confeso. "Parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva", advirtió.
La pareja de la presidenta madrileña también ha emprendido acciones legales contra otros miembros del Consejo de Ministros por este mismo motivo: Pilar Alegría (le reclama 40.000 euros), Félix Bolaños (50.000), Isabel Rodríguez (20.000), Diana Morant (15.000), Óscar López (50.000). Además, reclama 20.000 euros a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, al diputado socialista José Zaragoza (10.000) y al exsecretario de Estado de comunicación, Ion Antolín (30.000). Por la parte de Más Madrid, González Amador también ha incluido en esta ofensiva judicial a su portavoz, Manuela Bergerot (20.000 euros), y a la concejal del Ayuntamiento, Rita Maestre (15.000). El PSOE y Más Madrid se enfrentan también a reclamaciones de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente.
Sánchez "no da explicaciones de absolutamente nada"
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el presidente del Gobierno no quiera dar explicaciones de "absolutamente nada" y le ha pedido que "recapacite".
"Pedro Sánchez, que presume mucho de transparencia y de rendir cuentas y de dar explicaciones, realmente todos sabemos que de lo que alardea es de lo que carece. No suele dar cuenta de nada, no suele dar explicaciones de absolutamente nada y, por tanto, no nos sorprende que no acuda a la Asamblea de Madrid como no nos sorprende que no acuda al juzgado", ha afirmado el consejero, haciendo referencia también a la citación del PP en la Cámara autonómica.
El también portavoz del Gobierno de Ayuso ha incidido en que Sánchez "está utilizando los medios del Estado para desgastar, para atacar adversarios políticos y eso, desde luego, es algo que en democracia no se puede consentir, es algo que está muy próximo de regímenes totalitarios, pero debe estar muy lejos de lo que es una democracia consolidada como la española".
Así, cree que el presidente tiene que dejar de "esconder el ala" ya que fue él quien "dio la orden para poner en marcha esa operación de Estado contra un adversario político y tiene que dejar de seguir subastando al país".