A cinco años de la declaración del estado de alarma en España, el Gobierno sigue denunciando la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. También lo hace la televisión pública, que esta semana emitía el documental 7.291, en referencia a la cifra de fallecidos en las residencias madrileñas que esgrime la izquierda, que acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de haber impedido el traslado de los ancianos a los hospitales. Unas cifras que, por cierto, Madrid niega y sitúa en 4.100.
Pero la versión del Gobierno central no solo queda desmentida por la CAM, sino que ya en 2020 —en plena pandemia— , la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología aseguró que se habían "malinterpretado" y "tergiversado" por grupos de interés "variopinto" los protocolos aplicados en las residencias durante la crisis sanitaria, incluso en algunos casos con tinte "político". Su presidente, José Augusto García Navarro, recalcó entonces que no se rechazó la derivación de residentes a hospitales de Madrid, como demostraba el dato de 10.300 traslados realizados entre el 1 de marzo y el 5 de junio de 2020, con un pico de 206 en un solo día.
Además, desde la organización se defendió la labor de los geriatras y se explicó que las decisiones de atención a los residentes se tomaron en función de su estado. Cuando se intentó manejar la situación de un residente desde la propia residencia fue única y exclusivamente porque la derivación al hospital "no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital", aseguró el presidente, subrayando que los hospitales madrileños vivían una situación anormal, con urgencias saturadas y UCI funcionando al 400% de su capacidad.
Ese año, las cifras ya evidenciaban que la mortalidad en estos centros no fue una situación exclusiva de la capital. Como recogió el SEGG, el porcentaje de fallecidos en residencias fue alto en todo el mundo: el 82% en Canadá, el 51% en Francia, el 58% en Noruega, el 49% en Suecia y el 40% en Estados Unidos. En España, sin embargo, solo el 30% de los fallecidos confirmados por PCR hasta entonces eran residentes.
Unas cifras en las que el geriatra insistió para asegurar que no se negaron "ni camas ni respiradores", para denunciar también que el discurso de que no se les dio una correcta atención a los residentes era "fácil de desmontar" a tenor de dichos números. "No es un problema del sistema sanitario, el problema es que esta pandemia es una barbaridad, muy virulenta y que de momento no hay cura", afirmó entonces García Navarro, que cuestionó las acusaciones de la izquierda: "¿Por qué se critica ahora este trabajo de forma tan beligerante si no lo avalan los datos ni las comparativas internacionales?".
En cuanto al protocolo de atención en Madrid, del que la izquierda sigue sacando rédito político cinco años después y que fue objeto de polémica en su momento por el envío erróneo de un borrador que aludía a restricciones en la derivación de pacientes, el cual la Consejería de Sanidad aseguró que "nunca" se llegó a aplicar, los geriatras insistieron en que las decisiones se tomaron con criterios clínicos y en un contexto de emergencia sin precedentes en el que los hospitales eran un escenario "terriblemente hostil". "La situación de los hospitales era de guerra". "Afortunadamente los que han tomado decisiones clínicas en el día a día son geriatras en los hospitales y en las residencias que disponen de ellos", zanjó por aquel entonces.