La Comunidad de Madrid ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados.
El Consejo de Gobierno ha dado este miércoles la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores. Además, considera que se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia. "Los desplaza por cuotas meramente políticas", subrayó el consejero de Presidencia, Justicia, Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.
Paralelamente, la Comunidad de Madrid entiende que el texto validado por el Gobierno central es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones. "La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación" y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas mientras vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, añaden.
El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española). Además, exige la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años.
"No vamos a seguir tolerando este reparto discrecional acordado con Junts con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. No le interesan estos menores, lo que le interesa es garantizarse esos siete votos", manifestó tajante el consejero, que pidió al Gobierno central que ponga "fin al caos migratorio" con un control de fronteras, mediante acuerdos con los países de origen y con "nuestros socios de la UE". Se necesita un plan para que "nuestras fronteras no sean las más permeables" de Europa, añadió.
¿Dónde se alojarán estos menores?
¿Dónde se alojaran esto menores cuando lleguen a la región? La Comunidad de Madrid tiene un problema en este sentido porque, tal y como reconoció el consejero, los centros están saturados en la actualidad. "Todos" ellos están por encima del "150% de sus capacidades", informó.
Muchos de ellos, pero obviamente no todos si finalmente son 700 los que llegan, tal y como anunció Junts, irán al recién inaugurado centro de La Cantueña, en Fuenlabrada. "Pero para mí el debate no está en donde van a ir futuros menores, el debate está en qué va a hacer el Gobierno central para poner freno al caos migratorio", expuso el consejero. Y es que "si hacemos hueco pero no dejan de llegar no estamos haciendo absolutamente nada".
"Pero es que el Gobierno central no está en eso", lamentó porque "necesita mantener los siete votos de Junts y, por tanto, le da igual lo que estamos planteando aquí. Y lo que estamos planteando aquí es que es inconstitucional porque están invadiendo una vez más las competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Lo que están haciendo es arbitrario porque esto no se ha pactado con las comunidades sino con un partido independentista que no quiere que los inmigrantes vayan a su comunidad autónoma", señaló García, que calificó el acuerdo migratorio de "disparate" y de "auténtico despropósito".
"Lavarse la boca antes de hablar de racismo" en Madrid
La presidenta se hizo eco del recurso de inconstitucionalidad a través de su cuenta en X. Y fue contestada por el PSOE de Madrid, que acusó a Ayuso de "racismo y xenofobia".
¿En qué quedamos?
¿El plan lo lleváis a cabo en los días pares y lo recurrís en los días impares?
Lo dicho: racismo y xenofobia. Con los menores ucranianos no hubo problema de financiación ni de nada. https://t.co/z08gRRLjzR
— PSOE Madrid (@psoe_m) March 26, 2025
"¿Qué Partido Socialista?", se preguntó el también portavoz del Gobierno madrileño al ser cuestionado por este comentario. ¿Eso lo ha contestado el Partido Socialista de Óscar López? ¿El del alcalde (Javier) Ayala, que no ha querido nunca que los menores no acompañados estuvieran en Fuenlabrada?", inquirió.
"Si nos acusa de racismo tendrá que decirle al señor Ayala que es un racista, porque está diciendo lo mismo al Gobierno regional, que no podemos abrir allí un centro de menores no acompañados". Es más, el regidor socialista ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por abrir este centro en su municipio "y hemos ganado en siete ocasiones", recordó García. "Creo que el PSOE se tendría que lavar la boca antes de hablar de racismo en el caso de nuestra región", sentenció.