"Apostar por la Administración de Justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo se queda en mera cosmética", ha advertido este lunes el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, al anunciar que la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para llevar al Gobierno central ante el Tribunal Supremo si no se garantiza la financiación adecuada para aplicar la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.
La medida supone la presentación de un requerimiento previo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En dicho documento, el Gobierno regional insta al Ministerio de Justicia a que "de forma inmediata evalúe el coste real de implementación" de la norma y habilite los recursos necesarios para dotar "a las comunidades autónomas de la financiación suficiente" a través de los mecanismos contemplados en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. De no ser así, en un plazo de tres meses, la Comunidad de Madrid interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo.
Durante su intervención en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, García Martín ha denunciado que la Ley de Eficiencia se ha aprobado "sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas", y sin la imprescindible memoria presupuestaria. En el caso de Madrid, ha cifrado el coste de la aplicación de la norma en 43 millones de euros, una cantidad que —según ha recalcado— incluye partidas estructurales. Para el consejero, la Ley se trata de un "cambio radical" en la organización del sistema judicial, que se ha hecho sin financiación ni diálogo con los "legítimos representantes", ha lamentado.
Ya el pasado viernes, en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia presidida por el ministro Félix Bolaños —"Félix trolaños" para el de Ayuso—, los consejeros autonómicos del Partido Popular abandonaron el encuentro, que García Martín calificó entonces de "paripé". Este lunes, ha subido el tono acusando al ministro de "cobarde" por no responderle directamente a sus reproches de lo que llamó "gamberrismo", y ha negado que se hayan transferido 50,6 millones de euros a Madrid para desarrollar la ley.
Además del requerimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el consejero madrileño ha solicitado la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial y ha anunciado un acuerdo con los colegios de abogados para fijar un nuevo baremo retributivo en actuaciones relacionadas con la mediación y la conciliación dentro del turno de oficio. "Los letrados percibirán 385 euros cuando su actuación culmine con acuerdo, y 200 si finaliza sin acuerdo", ha trasladado el también portavoz del Gobierno autonómico.