La Comunidad de Madrid ha vinculado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con un intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de desviar la atención sobre sus propios escándalos. Para los de Ayuso es una muestra más del "aparato de Estado contra Ayuso", han asegurado fuentes del entorno de la presidenta regional.
"Le ha procesado sin dejarle defenderse, en vez de cerrar el asunto, y le ha denegado la declaración de testigos y pericial", han denunciado las mismas fuentes, que apuntan a que la jueza —la misma que instruye el caso de Nacho Cano— "se jubila" y ha decidido "dar una patada a seguir". Desde el Ejecutivo madrileño también subrayan que "la única novedad es que quieren alargar las noticias".
Precisamente este miércoles, Ayuso apuntaba a esta misma "operación" contra ella, asegurando que la Fiscalía está actuando bajo motivaciones políticas. "Pienso que es la Fiscalía quien miente y quien se está contradiciendo", añadió.
En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su vicealcaldesa, Inma Sanz, ha llamado a respetar los procedimientos judiciales, aunque ha puesto el foco en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y no tanto en la de un "ciudadano de Madrid". "Francamente no tengo mucho que decir, hablamos de un ciudadano particular. A mí lo que sí me preocupa es que el fiscal general del Estado y que las distintas instituciones de nuestro país están en las situaciones que están. Creo que eso es lo verdaderamente relevante en estos momentos", ha respondido al ser preguntada por el procesamiento.
La izquierda pide "explicaciones"
Desde la oposición, en cambio, han aprovechado para salir en tromba contra la líder madrileña. El PSOE-M ha asegurado que Ayuso "tiene muchas explicaciones que dar" por "el ático de lujo pagado presuntamente con dinero defraudado a Hacienda y comisiones ilegales". Lo han trasladado a través de redes sociales tras conocerse la decisión judicial y con el silencio prolongado de Sánchez ante las tramas que salpican a su Gobierno, incluyendo a su propia esposa, Begoña Gómez.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado a Ayuso a "dejar de contaminar" la situación y "tomarle el pelo a los madrileños". Martín ha reclamado a la presidenta que ofrezca "disculpas y explicaciones" y ha criticado que durante meses haya sostenido que se trataba únicamente de "una inspección fiscal", pese a que —según ha recordado— desde la oposición y desde la propia Delegación del Gobierno se venía advirtiendo de que era "una cuestión seria" con "delitos confesados por el propio autor". Ha denunciado además que haya defendido a su pareja "utilizando medios públicos de la Comunidad de Madrid".
Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha resumido el procesamiento como "la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir".
"El conseguidor de Quirón va p’alante", ha celebrado la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García. "El ciudadano particular, que es pareja de Ayuso y se reúne con MAR y el dos de Ayuso, va a juicio por el fraude de 350.951 euros a Hacienda mientras sigue investigado por otros dos delitos más", ha dicho también en redes.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha añadido: "En el ático de 'La Quironesa' se han levantado con un buen terremoto. ¡Buen día y al banquillo!".
Irene Montero ha pedido la dimisión de Ayuso por este caso y ha deseado que "vaya a la cárcel por los 7291 muertos", la cifra muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia que defiende la izquierda. La exministra de Igualdad y número dos de Podemos ha festejado que la pareja vaya "a dar su mejor versión sentado en el banquillo por llenarse los bolsillos con comisiones durante la pandemia y luego intentar estafar a Hacienda", y ha acusado al PP de no gobernar, sino "robar".
Este jueves, la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado y ha propuesto juzgar a González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.