La apertura prevista del hostal ubicado en el número nueve de la Avenida de Baviera, en pleno barrio madrileño de Parque de las Avenidas, ha escalado en los últimos días con un contundente posicionamiento del Ayuntamiento frente a la opacidad del Gobierno central. La sospecha de que el inmueble —inicialmente de uso turístico— podría ser destinado a la acogida de inmigrantes o solicitantes de asilo sin contar con licencia para ello ha generado malestar vecinal, con manifestación incluida, y una firme respuesta municipal.
Desde el primer momento José Luis Martínez-Almeida instó al Gobierno central a ser claro con el Consistorio "de manera inmediata" en caso de tener "alguna finalidad o alguna intención de utilizar ese albergue". Lo hizo escudándose en episodios anteriores en los que el Ejecutivo ha trasladado a personas sin ofrecer información previa a las autoridades locales.
Tanto Almeida como el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se referían expresamente a lo ocurrido con el recurso de acogida en Carabanchel, donde, según han denunciado, no existe información clara sobre el número de personas alojadas ni sobre su seguimiento. "Es imposible hablar con el Gobierno de España en estos términos porque jamás dan ningún tipo de información", lamentó el alcalde.
Desde el Ayuntamiento denuncian que los únicos datos con los que cuentan son los aportados por los propios vecinos y advierten que no sería "justificable" si hubiese sido el Gobierno central quien "ha tomado esa decisión y no nos ha informado". Pese a esto, han prometido actuar con "contundencia y firmeza" si se detecta cualquier intento de eludir la legalidad. "El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo de seriedad y decir quiénes son, cuántos son y, sobre todo, qué recursos pretende utilizar para estas personas: eso sería una prueba de buena fe", ha sentenciado Almeida.
Lo que sí tienen claro ambos ediles es que este local —el de Parque de las Avenidas— no tiene autorización para ejercer ninguna actividad distinta a la turística. Así lo advirtió Carabante el pasado viernes al decir que "en ningún caso" la licencia solicitada ampara un uso social del inmueble. "No puede acoger a personas y atenderlas socialmente", declaró, añadiendo que el futuro hostal está bajo la inspección correspondiente y que la licencia de funcionamiento "todavía está pendiente" y únicamente se le dará al titular en caso de verificarse "que la actividad es turística y no social".
Durante una visita al barrio este lunes para conocer la nueva pasarela de la A-2, Almeida ha "dado la cara" frente a unos vecinos afectados que se habían concentrado allí. El alcalde ha reiterado su compromiso con ellos, prometiendo clausurar el establecimiento si es que se detecta un uso diferente: "Si el Gobierno de España pretende utilizarlo para otro fin que no sea el turístico, desde luego que se olvide porque el Ayuntamiento va a actuar de inmediato".
Por la tarde, tal y como se había comprometido la pasada semana, Carabante se ha reunido con los vecinos del distrito de Salamanca para detallar el requerimiento remitido al titular del hostal tras la inspección del mismo. Aunque sí han constatado alguna deficiencia "subsanable", ha reiterado que "la licencia ampara la actividad turística, pero no hospedar refugiados o personas pendientes de asilo".
Arrendatario con antecedentes
En lo que a la comunidad vecinal respecta, que además de las protestas ya ha repartido circulares informativas, alerta de posibles irregularidades urbanísticas y denuncia que el empresario arrendatario del inmueble tiene antecedentes en la apertura de hostales de bajo coste que luego son convertidos en alojamientos para inmigrantes en otras zonas de Madrid y Europa. Según estos vecinos, el inmueble en cuestión no dispone de licencia, presenta deficiencias de seguridad —como una salida de emergencia no operativa— y no respeta los estatutos de las comunidades afectadas, que solo aceptaron su uso como centro de salud.
"Actualmente no hay licencia de funcionamiento, por lo tanto no pueden abrir", aseguró José Manuel Ramos, uno de los portavoces vecinales, durante la manifestación de la pasada semana. "Si no traen turistas, dejará de ser un hostel legal para ser un hostel ilegal", advirtió.