El futuro de las Cocheras de Cuatro Caminos y de 443 familias cooperativistas vuelve a quedar en el aire tras el nuevo revés judicial que ha sufrido el Ayuntamiento de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impulsó el gobierno de José Luis Martínez-Almeida en febrero de este año, y que permitía la transformación de los antiguos terrenos ferroviarios en una zona residencial y de espacios verdes en pleno distrito de Chamberí.
El fallo responde a los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, entidades vinculadas al activismo ideológico que durante años ha tratado de bloquear el desarrollo urbanístico de la zona. La Sala ha considerado insuficiente, entre otros aspectos, la evaluación ambiental del proyecto, aduciendo que las alternativas planteadas no contemplaban propuestas sustancialmente distintas en uso o configuración del espacio. Para el TSJM, no existió "un proceso de análisis ambiental" riguroso ni propuestas con un enfoque de "sostenibilidad y mejora de calidad urbana".
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado que los servicios jurídicos municipales ya están estudiando un "eventual recurso" ante el Tribunal Supremo. "Esta sentencia es una malísima noticia y alarga la agonía de las 443 familias que hace cerca de once años pusieron su patrimonio, sus ahorros y sus sueños para tener una vivienda", ha lamentado Carabante, que ha acusado a la izquierda de "boicotear permanentemente" este proyecto con "tretas jurídicas" y ataques ideológicos.
"Si tuvieran un poco de vergüenza mirarían a las caras de los vecinos de Cuatro Caminos, de las 443 familias, y verán que en sus rostros no hay fondos buitres ni especuladores sino familias de bien, a las que se les ha robado el derecho de acceder a su vivienda que se compraron hace diez años y no han desfallecido", ha defendido el delegado.
El Ejecutivo municipal, además, ha puntualizado que uno de los dos aspectos en los que se basa la anulación —las denominadas áreas homogéneas— es subsanable. Respecto al segundo, la evaluación ambiental, recuerdan que el órgano ambiental competente, la Comunidad de Madrid, sí dio su visto bueno a la tramitación. Sobre la reserva de un 10% de vivienda protegida, aclaran que el TSJM reconoce que se ajusta plenamente a la normativa, dado que la nueva Ley de Vivienda que establece otro criterio entró en vigor con posterioridad a la aprobación inicial del PGOU. De esta manera, dicen, el tribunal "ha desestimado la pretensión de la izquierda y la crítica durante el Pleno" que estaba relacionada con dicho porcentaje.
Este nuevo escollo judicial añade un capítulo más a un proceso urbanístico que se arrastra desde hace casi dos décadas, cuando allá por 2005 Madrid anunció que tenía previsto desarrollar cientos de viviendas en estos terrenos. El proyecto estuvo paralizado durante seis años, hasta que en 2011 se aprobó un acuerdo municipal que lo reactivó, aunque volvió a quedar en suspenso hasta 2014. Ese año la cooperativa Residencial Metropolitan, formada por 443 familias, ganó la subasta convocada por Metro de Madrid para adquirir los terrenos de las cocheras, una parcela de más de 40.000 metros cuadrados. Desde entonces, los cooperativistas han enfrentado una carrera de obstáculos marcada por trabas técnicas, acusaciones infundadas y una continua instrumentalización política del proyecto.
El Ayuntamiento de Ana Botella inició el proceso de tramitación urbanística que se extendió durante seis meses y quedó ralentizado al hacerse Manuela Carmena con el Ejecutivo municipal. Los primeros ataques para las familias, coincidiendo con esta legislatura, tildaron el proyecto de "pelotazo urbanístico", a pesar de que la operación vino de la mano de cooperativas de familias y no de promotores privados. Seguidamente, movimientos afines a la izquierda intentaron frenar el desarrollo alegando que las cocheras debían ser protegidas como Bien de Interés Cultural, una solicitud finalmente desestimada de forma total por Patrimonio.
La última ofensiva, culminada con la sentencia del TSJM, ha sido recibida con entusiasmo por vecinos y asociaciones patrimonialistas del distrito de Chamberí. "Se trataba de un lugar único, con gran capacidad de transmisión cultural, con la posibilidad de haber constituido un espacio museístico vivo, en red y que ninguna otra capital europea podría poseer. Era un sueño hacerlo realidad, y el coste insignificante. Sólo tenía que haber existido voluntad política y menos desprecio por la actividad y el activismo intelectual público de la ciudadanía", han defendido en su celebración de la sentencia a través de un comunicado.
Grupos como Más Madrid y PSOE también han aprovechado el fallo para reavivar su discurso contra el Ejecutivo municipal. Rita Maestre, portavoz de la formación, ha acusado a Almeida de "autorizar el derribo" de un bien patrimonial para "facilitar" el que años después han vuelto a tildar de "pelotazo urbanístico". "¿Quién repara ahora este atropello?", ha preguntado la líder. En la misma línea, una de sus concejalas, Sara Ladra, cargaba contra el "interés puramente especulativo de los gobiernos del PP con esta parcela". Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha calificado de "ineptitud" la gestión del Gobierno municipal , al que acusan de "empecinarse en hacer algo ilegal" y han puesto en duda la pulcritud de los expedientes del Partido Popular.
"Estamos escandalizados por esta nueva sentencia que vuelve a anular todo el planteamiento urbanístico de Cuatro Caminos, pero es la dinámica que ya está instalada en el equipo de Gobierno. Sentencia tras sentencia, condena tras condena, como las cocinas fantasma, la ordenanza de terrazas o los aparcamientos del Bernabéu", ha remarcado el edil socialista Antonio Giraldo, lamentando que ahora el solar —a su parecer parte del "patrimonio" de la capital— vaya a estar años "vacío" y "sin cocheras".
Desde el área de Urbanismo se insiste sin embargo en que el objetivo del proyecto ha sido siempre compatibilizar la recuperación del espacio para la ciudad con el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda. "No se trata de especulación, sino de familias de bien que han esperado más de una década para ver realidad su hogar", ha defendido Carabante. Vox también respalda esta posición por creer que las cooperativas de vivienda son un modelo que debería ser apoyado institucionalmente cuando responde a las necesidades reales de los ciudadanos.
El plan contemplaba la construcción de unas 400 viviendas —60 de ellas de protección oficial— en una superficie de 43.253 metros cuadrados y la creación de un gran parque urbano de 17.000 metros cuadrados. Todo ello tras el soterramiento de las instalaciones ferroviarias, tal y como establecía el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, Metro de Madrid y la cooperativa compradora. La primera piedra del proyecto se preveía para 2026, si no mediaban nuevos obstáculos judiciales, como finalmente ha ocurrido.