El análisis de las grabaciones de Metro de Madrid ha sido determinante para identificar al hombre de 68 años que, en julio de 2021, pintó una esvástica de grandes dimensiones en un bolardo situado a escasos metros de la sinagoga Beth Yaacov, en el distrito madrileño de Chamberí.
El juicio se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque sin la presencia del acusado, que no compareció en la vista. Pese a ello, la Sala ha decidido continuar con la sesión al solicitar la acusación una pena inferior a los dos años de prisión, lo que permite la celebración del juicio en ausencia del procesado.
Durante la vista, el Ministerio Público ha solicitado una condena de quince meses de cárcel por un delito de odio. En su argumentación, el fiscal ha destacado el "impacto negativo" y el "desasosiego" que generó la pintada entre los miembros de la comunidad judía, considerando que representó una forma de banalizar el genocidio y de "exaltar la figura de Hitler".
Los hechos juzgados ocurrieron entre las 00:17 y las 00:21 horas del 31 de julio de 2021, cuando el acusado se acercó a la sinagoga situada en la calle Balmes, número 3, y dibujó una cruz esvástica en un bolardo visible desde el acceso al templo, donde en ese momento había personas en el interior.
Agentes de la Policía Nacional han detallado en el juicio que consiguieron identificar al autor gracias a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad tanto de la sinagoga como de la estación de Metro de Iglesia, por la que el hombre accedió tras cometer el acto vandálico.
Los agentes también han señalado que el acusado mostró escasa colaboración durante su declaración policial, llegando incluso a negarse a ser reseñado. La pericial psicológica que se le realizó durante su detención, concluyó, además, que el acusado padece un trastorno psicótico con ideas referenciales, una alteración que implica una desconexión de la realidad y la creencia de que ciertos mensajes o gestos están dirigidos directamente a él.
Además, la pintada obligó al Ayuntamiento a limpiar el bolardo, un servicio cuyo coste ascendió a 25 euros, cantidad que ahora se reclama como indemnización.