El Ayuntamiento de Madrid convocará cerca de mil nuevas plazas de Policía Municipal en 2025, el número máximo que permite la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central, que limita, en palabras del Consistorio, "el número de policías que Madrid necesita".
Del total previsto, 550 plazas comenzarán su proceso de selección este verano, mientras que el resto se aprobarán en otoño. Los primeros agentes podrían incorporarse a las calles de la capital a partir del otoño de 2026, una vez completado el proceso de oposición y los seis meses de formación obligatoria en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE). El resto se irá incorporando de forma progresiva en años posteriores.
Esta ampliación de plantilla forma parte del refuerzo en seguridad ciudadana del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que ha elevado la inversión en la Policía Municipal de 350 a más de 500 millones de euros anuales, lo que supone un incremento superior al 40%. A este refuerzo en personal se suma la adquisición de más medios técnicos: drones, cámaras de videovigilancia, dispositivos táser y vehículos de última generación.
Pese a ello, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en que la ciudad sigue limitada por la tasa de reposición fijada por el Ejecutivo central, que impide contratar a todos los agentes "que Madrid necesita". Actualmente, ha explicado la también portavoz municipal, la plantilla cuenta con mil efectivos menos que hace veinte años, a pesar de que la capital ha crecido en habitantes, en número de turistas y en extensión urbana.
Sanz ha vuelto a reclamar que el Gobierno elimine esta restricción, recordando que llevan más de seis años solicitándolo sin obtener respuesta. Ha subrayado que no se trata de una cuestión económica —el Consistorio no ha pedido "ni un euro"— sino de que se permita contratar a los agentes necesarios para cubrir los 7.000 puestos previstos en la plantilla. "En estos momentos son apenas 6.000 los que podemos incorporar precisamente por ese tope que nos impone el Gobierno", ha insistido.
Desde el Gobierno municipal consideran que esta situación no responde a una lógica administrativa ni presupuestaria, sino a un "muro" fruto de una decisión política que perjudica directamente a los madrileños. "No es una cuestión de hacerle un favor al alcalde de Madrid o a la vicealcaldesa de Madrid, sino de justicia para los madrileños".