El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sentenciado la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de enviar 400 menores inmigrantes no acompañados al municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Sin rodeos, el Ejecutivo regional ha dejado claro que ese traslado no va a tener lugar. Y no es una cuestión política, dicen, sino legal: sin el visto bueno de la Comunidad de Madrid, no puede llevarse a cabo.
"No se va a poder producir", ha sentenciado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno. Ha hablado de "una deslealtad institucional de tamaño monumental" por parte del Ejecutivo central, que –según insiste la Comunidad– no ha informado oficialmente de nada, ni al Gobierno autonómico ni al propio Ayuntamiento de Pozuelo.
En este municipio, gobernado también por el PP, la alcaldesa Paloma Tejero ya había mostrado su malestar. Según contó en esRadio, se enteró del traslado "por los medios, como todos". Tejero recordó que el centro al que quieren llevar a estos menores –el CREADE de Pozuelo– fue creado con carácter temporal para acoger ucranianos durante los primeros meses de la guerra, y que ahora el Gobierno pretende "convertirlo en una infraestructura permanente para menores no acompañados", sin adaptar el espacio, sin medios y sin avisar a nadie. Para ella, este movimiento "es fruto de la improvisación del Gobierno" y un ejemplo más de "su política migratoria temeraria".
Desde la Puerta del Sol, se suman a esa crítica. García Martín ha recalcado que el traslado no tiene base legal sin la participación de la Comunidad, porque son las regiones quienes tienen la competencia en materia de protección de menores. "No hemos recibido ningún tipo de petición, ni del Gobierno central ni del de Canarias", ha dicho, para después añadir: "La única medida que toma sobre esta cuestión no puede ser el reparto de los inmigrantes irregulares o menores no acompañados que llegan a nuestro país". Y ha sido muy claro: lo que está ocurriendo es una consecuencia directa del "caos migratorio" que, según el Ejecutivo madrileño, Sánchez no ha querido afrontar.
Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia continúa adelante con su plan de repartir a los menores llegados a Canarias entre las comunidades autónomas, en una decisión impuesta, sin consenso y que ya ha sido llevada al Constitucional por varios gobiernos autonómicos del PP, e incluso por el socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.
La consejera de Familia, Ana Dávila, también se ha pronunciado para advertir que el centro de Pozuelo está al límite de su capacidad y que nadie ha notificado oficialmente la llegada de nuevos menores. Y, aunque ha rechazado la propuesta de Vox sobre deportaciones masivas, también ha criticado el descontrol del Gobierno central. "Ni el extremismo de unos ni el descontrol de otros", ha dicho.
Precisamente este miércoles, la consejera de Ayuso ha enviado dos misivas dirigidas a las titulares de los ministerios implicados: Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia; y Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la primera de ellas, critica que el ministerio de Rego haya actuado "al margen de la legalidad" al no informar oficialmente sobre el traslado de 400 menores desde Canarias. Le reprocha además su "desprecio absoluto por la Comunidad de Madrid" y haber guardado "silencio cómplice" ante la intención de hacinar a esos menores en el centro asegurando que "no hay peor forma de corrupción que instrumentalizar a los menores para sostenerse en el poder". "Mientras, desde su departamento, responsable de la "infancia", callan de manera bochornosa ante ataques flagrantes para el interés superior de los menores", añade.
La segunda carta, remitida a Elma Saiz, Dávila acusa al Gobierno central de usar a los menores "como mercancía" y de imponer repartos arbitrarios que excluyen deliberadamente a Cataluña y País Vasco por "intereses políticos". Madrid exige que se aclare "de forma inmediata" si existe intención real de realizar ese traslado y recuerda que, de producirse sin los cauces legales, tomará todas las medidas jurídicas "necesarias" para defender sus competencias y garantizar "el interés superior de los menores".
Por su parte, Ayuso aseguró este martes que hará todo lo que esté en su mano para que se cierren tanto el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares, como el que pretenden poner en Pozuelo y el de Campamento. Sobre la inmigración irregular masiva, consideró que "está perfectamente medida por el Gobierno para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país".
La CAM insta a Sánchez a acoger 50 menas
La CAM ha ido más allá y no solo ha rechazado que le impongan la acogida de más menas, sino que ha reclamado al Gobierno central que se haga cargo de los 50 menores solicitantes de asilo que ya están siendo atendidos en su red pública, muchos de ellos en una situación indefinida que, según el Supremo, debería ser asumida por el sistema estatal de protección internacional.
Según ha detallado García Martín, se está exigiendo al Ejecutivo que, antes de mover a nadie, compruebe caso por caso si han pedido –o quieren pedir– asilo, algo que legalmente cambia por completo el tipo de atención que deben recibir. Y es que muchos de estos chicos ni siquiera han podido registrar su solicitud formal de protección, pero están en centros de la Comunidad esperando una respuesta que en ocasiones no llega hasta doce meses después, dicen.