La Comunidad de Madrid ha vuelto a alzar la voz contra el grave problema de la okupación ilegal amparado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha denunciado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantiene "secuestrada desde hace más de un año" la ley contra la okupación que el PP logró aprobar en el Senado. Una maniobra que impide proteger a los propietarios frente a los delincuentes.
Desde el Ejecutivo madrileño se exige una legislación "necesaria" que permita, entre otros objetivos, "el desalojo del okupa en 24 horas", impedir que los ayuntamientos puedan empadronarlos y elevar las penas del Código Penal. Rodrigo ha insistido en que es fundamental defender también el "derecho a la propiedad, que es uno de los derechos fundamentales y sacrosantos que recoge nuestra Constitución". En esta línea, ha reclamado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ejerza sus competencias para frenar los problemas de convivencia en los edificios derivados de la okupación.
En una entrevista con Servimedia, el consejero también ha cargado duramente contra la "nefasta Ley de Vivienda de Pedro Sánchez y de sus socios", que ya fue recurrida por su formación ante el Tribunal Constitucional. La ha calificado como una norma "intervencionista, populista, que blanquea a la okupación y que no está funcionando". Como prueba, Rodrigo ha señalado que, dos años después de su aprobación, "el problema de la vivienda no se ha solventado y el Gobierno todavía no ha puesto ni un ladrillo".
Frente a las presiones del Ejecutivo central, Madrid se niega a declarar zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler. El consejero ha explicado que no son "insumisos" —como remarcan desde el Gobierno central—, sino que la propia ley les da la potestad para no aplicar una medida que "sabemos que no funciona". Así, ha puesto como ejemplo el caso de Cataluña y de ciudades como París o Berlín, donde la intervención del mercado "lo único que conlleva es que suben los precios y baja la oferta".