El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, reaccionaba este lunes a la decisión del Ejecutivo regional de abandonar el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. "Una ultraderecha señala y la otra ejecuta", acusaba, en referencia a Vox y al Partido Popular, respectivamente. Lo que no dijo es que ese mismo programa lleva más de 30 años funcionando con un modelo en el que Marruecos selecciona a los profesores, y en el que ni el Ministerio de Educación ni el propio país firmante ofrecen —según la Comunidad de Madrid— "garantías suficientes para su adecuado funcionamiento".
La salida del convenio, que arrancó en 1994, será efectiva a partir del curso 2025/2026 y fue comunicada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la semana pasada al Ministerio a través de un escrito. Según explicaron, la decisión no se toma en caliente: llega tras años, puntualizan fuentes de la Consejería de Educación madrileña, de detectar "una serie de cuestiones preocupantes". El motivo principal que esgrimen es "la falta de información y control": no hay constancia de que los docentes marroquíes que llegan a los centros madrileños tengan formación didáctica, dominio del castellano o que las programaciones educativas estén siendo inspeccionadas.
"Se desconoce si se está velando por que los docentes cuenten con un conocimiento y dominio adecuado de la lengua española", subraya el texto remitido por la Consejería, que dirige Emilio Viciana, que asegura que Marruecos selecciona a los profesores "sin más requisitos que ser funcionarios marroquíes". Tampoco se sabe —añaden— si el Ministerio comprueba el contenido que imparten los profesores, ni si estas enseñanzas se ajustan a la "Guía Práctica del Profesorado" elaborada para este programa.
Cada año, explican, los docentes llegan sin infraestructura definida, lo que genera "presión organizativa" en los centros, donde los horarios y destinos se asignan —afirman— "según criterios personales y no en función de las necesidades del Programa".
Desde el Ejecutivo autonómico no se habla de ideología, sino de gestión. A pesar de ello, para el delegado del Gobierno, la Comunidad estaría siguiendo el dictado de "una política del odio", rompiendo con una iniciativa que ha ofrecido —según ha defendido al inicio de semana— "formación complementaria" a lo largo de tres décadas.
Por su parte, Vox ya exigió la retirada del programa el pasado abril. "No es integración", declaró entonces su portavoz regional, Isabel Pérez Moñino. "Es segmentar culturalmente a los niños como parte de un plan de conquista", llegó a decir. Ese día, ya el Grupo Parlamentario Popular pidió al Ministerio que revisara el programa, aunque se abstuvo en la votación de la proposición no de ley de Vox.