Cae la noche y Marta cierra la puerta del piso con llave, pero sin cerrojo. Tras ella, se extiende un largo pasillo con cinco puertas y, por delante, una larga noche en la que lidiar con cinco hombres en un piso de 70 m2.
Los cuchillos y utensilios de cocina ya están recontados y bajo llave. Ahora sólo queda revisar una a una las habitaciones para requisar cualquier tipo de objeto que pueda ponerla en peligro: Mecheros, navajas … Marta tiene sólo 20 años. Es su primer trabajo y esta rutina es la máxima seguridad con la que cuenta en el piso tutelado en el que trabaja.
Su noche se repite en cada vivienda tutelada de nuestro país. El pasado 10 de marzo, el asesinato de Belén a manos de dos de los menores a los que supervisaba en un piso tutelado de Badajoz, puso la lupa sobre el sistema: "Estás sola y estás vendida. Antes de dormir, hay que hacer un registro de cajones, requisar y cerrar la cocina con llave pero si alguien ha cogido un cuchillo o se ha guardado los mecheros para prender fuego, no puedes hacer más", explica Marta.
Si tienen antecedentes sexuales, nadie te informa
Los pisos tutelados están destinados a personas que ya han cumplido los 18 años y no han logrado una autonomía o a perfiles con problemas "de consumo y drogas". En la vivienda de Marta "todos tienen problemas de salud mental porque es patología dual; el consumo va asociado a eso. Y algunos también antecedentes penales o sexuales, pero eso no lo sabes".
Es información confidencial y ni las fundaciones que gestionan estos pisos, ni Diputación, informan a los trabajadores que se van a exponer a estos perfiles. "Cuando eres joven, no lo ves. Te puede la utopía y la ilusión de que vas a contribuir a la sociedad, a cambiar las cosas. Pero la realidad no es así".
Existe un "número psicológico" de usuarios admitidos en estas viviendas: "Lo ideal son cinco personas para asegurarte de que no va a haber un motín y que al menos uno te va a sacar la cara. Esa es la teoría pero luego depende del gestor". Y esto es importante también en los turnos de día, en los que el acompañamiento a los usuarios es integral: "Vamos todos juntos, todo el rato. Si vamos a dar una vuelta, si vamos a hacer la compra … Esto también tiene miga porque igual de repente a uno le hace ilusión tener una pasta de dientes de colorines y la roba mientras tú estás intentando comprarles el pescado. El de seguridad, ya nos conocía".
"Tener amigos policías me ha salvado de muchas"
"Yo tengo la suerte que tenía amigos policías y cuando he estado sola con gente peligrosa he avisado para que estuvieran pendientes. Eso me ha salvado de muchas". Por ejemplo, recuerda, cuando un grupo de menas preparó un motín "porque uno de ellos empezó a extender el rumor de que era lesbiana. Le parecía raro que con 20 años no estuviera casada, ni tuviera hijos y empezaron a tratarme fatal hasta el punto de que pedí a mi amigo que me pusiera una patrulla porque tenía miedo".
Cuando un usuario agrede a un educador o incumple las normas básicas, se abre un expediente de expulsión. Una tarea peliaguda en la que a la soledad de Marta, se sumó el rechazo de su superiores: "Un chico se me puso agresivo en plena calle, me quería pegar y tuve que llamar al 112 que tardó en coger una barbaridad. Para no estar sola, esperé a llegar a la oficina de la fundación y encima me echaron la bronca por haber puesto en peligro a otros compañeros".
Tuvo que esperar varias horas hasta poder salir del edificio y volver a su casa "porque encima el usuario era de mi zona, ya me lo he cruzado alguna vez".
1.200 euros al mes
Y todo esto por un sueldo más que precario: "1.200 euros al mes y da igual que trabajes un domingo, Nochevieja, un festivo … sin plus de peligrosidad, ni nocturnidad, ni nada. En H&M ganaba más, doblando ropa tranquilamente". Su sueldo contrasta con el coste de cada una de estas plazas a las arcas públicas: Una media de 2.300 euros en todas las comunidades.
La competencia es de las autonomías. Las Consejerías o Diputación de Bizkaia, en este caso que nos ocupa, se encarga de registrar la entrada al sistema de los usuarios pero luego son las fundaciones y ONG las que gestionan el recurso. "Diputación no regula ni controla qué hay en cada Asociación. Cuando entra un usuario a un piso lo hace a través de Diputación pero luego quien gestiona es la Asociación, la Fundación o la ONG a la que se haya adjudicado el recurso. Es muy raro que aparezca alguien en el piso para ver en qué condiciones estás o a supervisarte".
La mayoría de estas fundaciones, en origen, eran de la Iglesia "aunque luego se hayan ido desvinculando. De hecho, muchos de los pisos que nosotros trabajábamos eran viviendas de gente que la había donado a la Iglesia".
En el caso de perfiles con problemas de consumo como los que expone Marta, es muy difícil que salgan del sistema de tutela porque "tal y como está planteado la inclusión es inviable: El recurso no está enfocado a que dejen de consumir, es un parche. Además de que los propios pisos suelen estar en barrios marginales, que es donde se consume y no hay tampoco un acompañamiento psicológico. Es absurdo. Qué más da que yo te pague un curso de pastelería si luego el sueldo te lo vas a gastar en lo que no te lo tienes que gastar".